México.- El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, consideró que la Ley General de Educación Superior, en su Artículo Segundo, fortalece significativamente la autonomía e impide que intereses ajenos a las universidades busquen modificar sus reglamentaciones o formas de gobernarse sin el acuerdo específico de sus comunidades.
Durante la Jornada de análisis: La Ley General de Educación Superior, organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), el subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que la ley “representa una nueva estructuración, en la que el Estado tiene un compromiso con el financiamiento educativo, con garantizar la gratuidad y respetar la autonomía”.
Al respecto, el rector Graue consideró que hay que celebrar los avances que se podrían dar en la gratuidad y que los presupuestos que la Federación otorga a las universidades públicas nunca serán menores a aquellos del año inmediato anterior. “Tenemos una Ley con la que nos sentimos satisfechos e identificados”.
Ante el secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; del abogado General de la Universidad Nacional, Alfredo Sánchez Castañeda; y de la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, el rector recordó que la normatividad es el resultado de una amplia consulta que inició con foros en todo el territorio, a los cuales se sumaron iniciativas de diversos grupos de trabajo, revisiones, acuerdos y comentarios puntuales, así como una amplia difusión en el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Durante su participación, Leonardo Lomelí Vanegas subrayó que era importante tener en la Ley una visión de conjunto del sistema que incluye a las universidades públicas y a las privadas; también incorpora a la enseñanza normal. La Ley dota de un marco actualizado a la educación superior y crea instancias para planear su desarrollo a largo plazo. Necesitamos que esa educación sea de calidad y pertinente para atender los problemas nacionales y ese es un compromiso con el que la Universidad Nacional siempre ha estado involucrada, puntualizó.
Al referirse a los retos de la Ley General de Educación Superior, el abogado General de la Universidad Nacional, Alfredo Sánchez Castañeda, expuso: no basta establecer la gratuidad de la educación superior, se requiere de los instrumentos para que se haga efectiva, desafío que tendrá que afrontarse en algún momento porque tiene que ver con el futuro de nuestro país; es primordial fortalecer el financiamiento de la enseñanza en este nivel.
En tanto, Valencia García aseveró que la norma incorpora la perspectiva de género y se crean modelos para que los espacios universitarios se puedan consolidar como lugares “donde tendamos hacia la equidad, la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. Hay que aplaudir esta Ley e invitar a que sea ampliamente discutida y divulgada, y que su mejor cumplimiento esté incorporado en nuestras instituciones”.
Al presentar el encuentro, el director del IISUE, Hugo Casanova Cardiel, recordó que la entidad a su cargo tiene como responsabilidad plantear los temas relevantes del acontecer educativo y universitario. En ese sentido, “hemos convocado a una decena de voces expertas en la temática para dialogar acerca del nuevo marco normativo que regirá el campo educativo superior a partir de este momento”.
Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, relató que históricamente la enseñanza superior fue para las élites, para adoctrinar a los jóvenes de las clases altas en el poder político, en un conocimiento reservado para unos cuantos. “En la época de la enciclopedia se amplía la educación superior a la burguesía y hasta el siglo XX se le considera como un derecho social”.
A su vez, Judith Pérez Castro, Armando Alcántara Santuario y Javier Mendoza Rojas, integrantes del IISUE, destacaron que el reto de la nueva ley estará en las leyes secundarias y en las políticas normativas, que son necesarias y complejas de alcanzar. El primer desafío es buscar buena educación para todos, porque la educación es una acción de justicia social. Entre los aspectos relevantes de la Ley se pone en el centro del proceso educativo a los estudiantes, garantizando las libertades de cátedra, investigación, libre examen y discusión de las ideas.
Para Angélica Buendía Espinosa, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, la ley tiene en su espíritu reconocer que la desigualdad también trastoca a la educación superior, y plantea el reto de avanzar hacia la equidad, lo cual significa que los jóvenes de estratos sociales, históricamente desfavorecidos, tengan acceso a una buena educación.
Con información de la UNAM
