Francisco Garfias.
El INE no cedió ante amenazas y chantajes. Puso la Ley antes que las presiones de Palacio Nacional. No podía ser de otra manera.
En sesión extraordinaria –por seis votos contra cinco–, ratificó el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.
Al cierre de la edición iniciaba el debate sobre la cancelación del registro a Raúl Morón como candidato a gobernador de Morena en Michoacán. Se perfilaba idéntico resultado.
El partido en el gobierno ya anunció su intención de impugnar nuevamente ante el TEPJF.
La mayoría de los consejeros electorales no se doblaron ante las amenazas de Félix de ir a sus casas.
Establecieron que sí hubo precampaña; que sí hubo proceso interno de competencia, que se le dio derecho de audiencia; que la sanción es con apego al debido proceso.
Morena y otros aspirantes –también están impedidos de ser candidatos Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román– incumplieron con su obligación de rendir cuentas. A Luis Walton lo pusieron aparte.
De nada le sirvió al presidente López Obrador volver a cuestionar a los consejeros electorales; decir que no les tiene confianza. “Hay intereses creados”, manifestó el mandatario.
Se preguntó: ¿no se puede poner una sanción que no sea quitarle la candidatura a Félix Salgado?
Ya tiene la respuesta del INE.
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Los consejeros amenazados no se amedrentaron. De haber cedido se hubiera violado el sacrosanto principio, tan citado por el presidente: “nada ni nadie por encima de la Ley”.
Restituir las candidaturas hubiera significado abrir la puerta a eventos similares.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, lo dejó bien claro en su intervención inicial:
“A este INE nadie lo va a amedrentar. Ni siquiera con amenazas directas y abiertas. Tenemos claro que se están desplegando estrategias de descalificación. El INE no va a caer en las provocaciones.”
Entre los consejeros que no acompañaron la decisión de aplicar la Ley está José Roberto Ruiz Saldaña.
“Estos proyectos no son dignos de los anhelos democráticos… Por menos de 20 mil pesos le quitan la candidatura. Es desproporcionado”, estimó.
¿Se le habrá olvidado que no es cuestión de montos?
El representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, llegó al extremo de calificar la sanción de “berrinche” de los consejeros Córdova y Ciro Murayama. Al consejero presidente lo calificó: “es peor que Ugalde”, dijo.
Quedó, además, como un mentiroso al afirmar que sólo el Partido Redes Sociales Progresistas presentó informe de precampaña en Guerrero.
Allí mismo lo desmintió Ángel Ávila, representante del PRD. Le mostró el Informe en la pantalla de su celular.
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Queda el escollo del subordinado TEPJF. Ya pidió clemencia una vez para los morenistas.
Al devolver la papa caliente al INE, sugirió “graduar” la sanción que, a juicio del magistrado presidente de ese tribunal, José Luis Vargas, es “excesiva”.
Por cierto que observadores internacionales que dan seguimiento al proceso electoral en México hicieron un pronunciamiento público de apoyo al INE.
“Manifestamos nuestro reconocimiento a la ciudadanía de México por las próximas elecciones del 6 de junio y deseamos que estas se realicen con independencia, imparcialidad, y transparencia con las que siempre se ha conducido el INE”, señalaron.
Lo firman Jean Pierre Kingsley, presidente de elecciones en Canadá; John Hollins, ex presidente de la Oficina Electoral de Ontario; Ann Ravel, presidenta de la Comisión Electoral de Estados Unidos; Richard Soudriette, presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales; y los consultores internacionales, Laura Villalba y Armand Pechards-Sverdup.
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Nos amanecimos ayer con la noticia de que el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, es el único legislador encarcelado por recibir supuestos sobornos a cambio de votar por la Reforma Energética.
El chivo expiatorio. El hilo por lo más delgado. La muestra de la 4T del combate a la corrupción en tiempos electorales.
Su acusador, Emilio Lozoya, involucró también a tres ex presidentes (Peña, Calderón y Salinas de Gortari); dos ex candidatos presidenciales (José Antonio Meade) y 11 legisladores de diversos partidos.
¿Por qué solo él?
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia le decretó a Lavalle prisión preventiva justificada. Tres meses mínimo en la cárcel. Es el tiempo que llevará la investigación complementaria.
Del archivo rescaté la reacción del ex panista cuando el escándalo detonó con la filtración. En esa ocasión nos dijo:
“El señor Lozoya no puede probar sus dichos por la sencilla razón de que son rotundamente falsos”.
A Lavalle lo perjudicó el video en el que aparece Rafael Caraveo, colaborador cercano del senador, cuando recibía un fajo de billetes (supuestos sobornos para los legisladores).
“Mi relación personal y profesional con el señor Rafael Caraveo no me incrimina y mucho menos me implica en los hechos y conductas en los que hubiere participado”, dijo entonces.
Historia a seguir.
FIN.
