Francisco Garfias.
Como un “strike cantado” definió el abogado laboralista, Carlos Ferrán, el acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobierno sobre outsoursing y utilidades.
Ferrán, especialista en el tema, nos dijo que en el mundo empresarial ya se esperaba la prohibición de un tipo de outsoucing, sobretodo aquel en el que las empresas subcontrataban todo el personal de su actividad esencial.
La prohibición no es absoluta. Se podrán subcontratar servicios especializados: limpieza, valet parking, cafetería, otras actividades que no tengan que ver con el objeto social de las empresas.
A juicio del abogado, los empresarios han reaccionado bien. Les dieron tres meses para integrar al personal subcontratado a la nómina. Pedían seis.
El plazo correrá a partir de que la Secretaría del Trabajo emita los lineamientos del registro de empresas de servicios especializados que será creado. Se calcula un mes para que esté listo el citado registro. Tentativamente entraría en vigor el 1 de septiembre del 2021, según la Canacintra.
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Los empresarios tenían muy claro que el outsourcing no es un tema en el que hubiera mucho margen de negociación.
La batalla, nos dijo el abogado, se centró en tema de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las empresas.
Al final se toparon las utilidades a tres meses de salario. La intención del sector empresarial era que fuera un mes, o mes y medio.
“Tres meses es un avance , pero creo que va a terminar afectando muchísimo a cierto tipo de empresas, sobretodo a las micro, pequeñas y medianas. Vamos a caer en lo mismo. No guarda relación con la productividad. Es una prestación garantizada”, advirtió el abogado Ferran.
Las agencias de colocación, por cierto, deberán inscribirse en un padrón público y hacerse responsables en caso de incumplimiento de la norma.
La última palabra la tendrá el Congreso –extensión de Palacio Nacional. Aún no hay fecha para discutirla y aprobarla en las cámaras. La Canacintra estima que entraría en vigor el primero de septiembre del 21.
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No deja de sorprender el tino de morenos y rémoras para designar candidatos o coordinadores de sus equipos de campaña.
Nos cuentan que la académica y ex coordinadora de la aduana de Ciudad Juárez, Deidre Bazán, involucrada en investigaciones sobre corrupción en el 2020, fue designada coordinadora del candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera.
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Ya que estamos: a Maru Campos, candidata del PAN-PRD al gobierno de Chihuahua, no le ha pegado en la intención de voto la decisión de un juez de vincularla a proceso por supuestamente estar incluida en la nómina de César Duarte.
La historia viene desde el 2017. El gobernador Corral denunció a más de 120 personas de estar en esa nómina secreta.
El asunto se congeló mediáticamente hasta mediados del año pasado que lo revivió, sin éxito, para quitarla del camino de Gustavo Madero, su delfín para sucederlo.
En noviembre pasado –cuatro años después- formalizó jurídicamente los cargos y la fiscalía la turnó al Tribunal, pero esta vez no los 120; sólo Maru y dos más.
Campos parece blindada. La última encuesta de Massive Caller, publicada el domingo 4 de abril, coloca a la abanderada de esta alianza en primer lugar, a más de once puntos de Loera.
La alcaldesa con licencia de Chihuahua recoge 37.9 por ciento en la intención de voto, mientras que el abanderado de Juntos Haremos Historia levanta 26.6 por ciento.
Le siguen Jorge Alfredo Lozoya (MC) con el 10.2 por ciento; Graciela Ortiz, 5.8 por ciento y Luis Carlos Armenta, 3.3 por ciento.
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No es entendible la exclusión de Porfirio Muñoz Ledo como candidato a la reelección de diputado federal. La bancada de Morena en San Lázaro no destaca por tener grandes figuras políticas.
Al contrario, más bien es una bancada medianita que incluye diputados que literalmente se sacaron la curul en una tómbola.
Si a eso agrega que los diez primeros en las listas pluris fueron nombrados por la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Mario Delgado, y donde también está la secretaria general, Citlalli Hernández, puede concluir que dedo y tómbola no se llevan con excelencia parlamentaria.
Muñoz Ledo ya reaccionó. Escribió en twitter:
“El proceso interno de Morena puso al descubierto profundas lacras en su dirigencia formal. Despertó la indignación de las bases y pone en peligro su mayoría en el Congreso.
”Urge una sanitización y sanciones drásticas a los responsables. No se puede edificar la democracia, mediante el despotismo y la corrupción.”
¿Oíste Mario?
FIN.