Alejandro Zapata Perogordo.
Quienes lleguen a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, se enfrentarán inicialmente a la necesidad de abordar el tema de la reforma fiscal, hasta ahora ajeno a las propuestas de campaña, sin embargo, es un rubro necesario que ha sido postergado y será inevitable. El Presidente López Obrador en su momento se comprometió a no incrementar los impuestos durante los tres primeros años de su gobierno que, por cierto, se cumplen en diciembre próximo, así, es previsible el envío de la iniciativa.
En términos reales, tanto el 2019 como en 2020, fueron dos años desastrosos en materia económica, lo que ha generado un desequilibrio en las finanzas públicas y, aunque en este 2021 se advierte una recuperación, también se aprecia que será insuficiente para la salud del erario.
La pérdida de empleos; el cierre de empresas; la cancelación en proyectos de inversión; el incremento de la deuda; la pérdida de empleos; y los precios del crudo, son apenas algunos factores que han incidido en la economía y la baja en la recaudación pública.
Hemos paliado el temporal, que además se observa con perspectivas positivas, debido al dinamismo norteamericano que está salpicando a nuestro país, no obstante, que esa dependencia en términos económicos nos da respiro, siempre es aconsejable actuar con prudencia.
De las declaraciones del Secretario de Hacienda y grupos de trabajo de actuales Diputados de Morena, se desprende y dejan entrever que ya están trabajando en esa área y, seguramente el Ejecutivo en breve presentará la iniciativa, inaugurando las labores de la Cámara Baja durante el próximo periodo de sesiones, ante la necesidad de su adecuación y ajustes.
Es evidente, el grado de complejidad y la confrontación de dos posturas discordantes sobre el particular aspecto, en principio, la tendencia centralista de la actual administración permite predecir una propuesta con esas características, cercenando el federalismo fiscal, concentrando facultades para implementar las políticas de ingresos; de gasto; de deuda; el paquete de inversión pública; y los criterios generales de política económica, dotada de elementos populistas, pues la dirección tendrá un enfoque sin incrementar o crear nuevos impuestos, sus objetivos primordiales estarán dirigidos a sectores empresariales específicos retirando los beneficios fiscales en el ánimo de incrementar la carga tributaria efectiva cobrada a los contribuyentes.
Por otra parte, existe una visión diferente, la de impulsar el federalismo fiscal a partir de construir una reforma con tintes federalistas, fortaleciendo el desarrollo regional, a través de una distribución equilibrada de recursos entre la federación, estados y municipios, con criterios, bases y facultades de coordinación que permitan la implementación de procesos de planeación, ampliando la base tributaria, promoviendo la creación de empleos, la integración a la formalidad y combatiendo con eficacia la elusión y evasión fiscal.
En síntesis, el rubro es de vital importancia para el futuro del país, por ello, cobra relevancia el proceso electoral al ser un aspecto de la mayor trascendencia, motivo de preocupación es el preámbulo de lo que puede ocurrir, la experiencia con la reforma a la Ley de Electricidad, donde una mayoría en el Congreso, a las órdenes del Ejecutivo, completamente sumisos, ni siquiera se atrevieron a mover una coma de la iniciativa.
Si bien es cierto, que México tiene la recaudación más baja de 37 países de la OCDE y, que el Fondo Monetario Internacional ha sugerido una reforma fiscal para apoyar el gasto y ayudar a la recuperación, la trascendencia del tema obliga al debate, a la deliberación y búsqueda de consensos por encima de la imposición, condición supeditada a la conformación de la Cámara de Diputados, quedando la última palabra en la decisión del electorado.
