Francisco Garfias.
Ni los amagos de correrlos que hacen diputados de Morena y el PT, ni los señalamientos de AMLO de que forman parte de una conspiración anti 4T impidieron a los consejeros del INE retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero; y Raúl Morón, en Michoacán.
Los consejeros, tan bravos como los jueces frente a la reforma eléctrica, les quitaron sus respectivas candidaturas a gobernador, por no entregar el informe de sus gastos de precampaña en tiempo y forma.
La sanción no es definitiva. Morena anunció que apelará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde Morena tiene incondicionales probados.
Además de Félix fueron sancionados Pablo Amílcar Sandoval, Raúl Morón, Luis Walton, Adela Román, entre otros candidatos a diputacioes locales y alcaldías. Morena alega que no se hizo precampaña en Guerrero.
La Unidad de Fiscalización del INE, sin embargo, detectó en su monitoreo que sí se usaron recursos para promoverlos. “Hubo precandidatos y estuvieron a la vista de la gente”, aseveró el consejero Jaime Rivera.
“¿De dónde sacaron los recursos? ¿Son de origen legal?” preguntó Ángel Ávila, representante el PRD ante el Consejo del INE. No dudó en calificar de “decisión histórica” la sanción a estos personajes.
A la sesión del consejo general, por ciento, no se presentó nadie de Morena.
Félix Salgado, quien además tiene abiertas investigaciones en otras instancias por violación, anunció que irá incluso a tribunales internacionales.
Raúl Morón reaccionó en twitter:
“El INE ha tomado una decisión ilegal, que va más allá de sus atribuciones y que atenta contra los derechos políticos de los michoacanos que luchan por la transformación del estado. No vamos a admitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente. Acudiremos al tribunal.”
Félix lo hizo mucho antes de que se discutiera su caso. “No hay paso atrás. Vamos a seguir luchando por Guerrero. El candidato no se raja. El pueblo menos”, advirtió en un mitin celebrado en Zihuatanejo.
El único consejero que habló para decir que no acompañaría el proyecto fue el consejero Uuc-Kib Espadas Ancona. La sanción le pareció “desproporcionada”.
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La resolución del Consejo General se apega a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 229, fracción 3, dice textual:
“Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña, dentro el plazo establecido, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.
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Más sobre la bronca entre la 4T y el INE: López Obrador ve un complot en la actuación del árbitro electoral para quitar a Morena y sus rémoras la mayoría en la Cámara de Diputados.
“Se han agrupado con ese propósito Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan”, afirmó el presidente en la mañanera.
Agregó: “Espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados.
Ricardo Monreal ya metió al Senado en la bronca. El coordinador de la bancada de Morena afirma que el INE se extralimita en sus funciones.
“Su actitud es claramente parcial: anti AMLO, anti Morena, anti 4T. Eso los coloca en una debilidad institucional de ser jueces parciales y de estar actuando en contra de un movimiento”, dijo.
Advirtió que su grupo parlamentario revisa cómo poder influir para que se respete el principio de legalidad y que ningún organismo autónomo, por importante que sea, legisle o extralimite sus facultades y funciones.
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Ocurrió a las 7:30 de la mañana del 19 de noviembre de 2019 en la carretera Atlacomulco-Toluca a la altura de Almoloya de Juárez. Un doble remolque con rótulo de la marca “Barcel” embistió la motocicleta que conducía Aarón López Piña. Muerte instantánea.
En el desamparo quedaron su viuda Daisy García López y sus pequeños hijos Alexis, siete años, y Santiago, cinco años. Aaron era su único sostén.
Desde entonces los deudos reclaman, sin éxito, una indemnización muy moderada: 524 mil 266 pesos. Nada para la empresa propietaria del doble remolque.
