Alejandro Zapata Perogordo.
Tal parece que el Presidente pretende aplicar la frase atribuida a don Benito Juárez: “para mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas”, pues existen diversos episodios dependiendo de quien se trate, donde lleva a cabo esa práctica, ejemplo vivo de ello es la exoneración dictada con la célebre frase del “ya chole” con Salgado Macedonio, frente a los embates en contra de su adversario el gobernador tamaulipeco.
Si bien es cierto que ha sido transparente al comunicar sus decisiones y preferencias, también lo es, que éstas no siempre se apegan a los principios constitucionales y en múltiples ocasiones se encuentran al margen de la legalidad. Lo preocupante del asunto consiste en que aspiramos a un país de leyes, un Estado de Derecho y, desde la primera magistratura se erosionan esos valores.
Un caso emblemático surge ahora con las impugnaciones vía juicio de amparo en contra de la reforma a la legislación en materia de electricidad, cuando arremete y pide se investigue al juzgador que concedió la suspensión provisional del acto reclamado.
Puede ser explicable su molestia, seguramente se encuentra en la creencia de tener la razón jurídica, sin embargo, en un régimen de división de poderes, ninguno puede estar por encima del otro, razón por la cual su conducta pública además de improcedente es atentatoria contra el estado de derecho, al solicitar se investigue al titular del órgano jurisdiccional que le corresponde conocer del asunto, sometiéndolo al escrutinio público.
Cabe agregar, que siendo parte en ese procedimiento tiene el derecho de impugnar las resoluciones que se dicten a efecto de que sean revisadas por el superior, recurso que posibilita combatir con razones y argumentos lógico-jurídicos las motivaciones y fundamentos sostenidas por el juzgador, sometiendo el diferendo ante el tribunal de alzada.
No obstante, al pedir una investigación implica acusar al juez de un manejo irregular del asunto, máxime que al hacerlo público y provenir del titular del Poder Ejecutivo, nos informa entrelineado que presume la existencia de un acto de corrupción o, bien, carencia de capacidad jurídica al considerar evidentes irregularidades en el dictado de esa resolución, aspectos ambos en extremo delicados.
Cuando se solicita la intervención del Consejo de la Judicatura Federal, como en el caso acontece, es con la intención de obtener una sanción en contra del juzgador, sin embargo, no existe siquiera presunción de falta alguna y, aun así, afectado en su dignidad, éste se ve envuelto en acusaciones sin fundamento y caprichosas, simplemente por cumplir su función jurisdiccional.
Ahora resulta que, los encargados de administrar e impartir justicia tienen que ser sumisos ante otro Poder, bajo el riesgo de ser acusados de corruptos o incapaces ante la opinión pública y, sus superiores. Me pregunto, ¿dónde está el Presidente de la Corte?, desde luego, no únicamente para salir a defender a uno de los suyos, sino a la permanencia, autonomía e independencia de una de las instituciones más importantes de la República, sostén de los más altos valores democráticos y residencia de soberanía, ya que es ésta en su conjunto la que sufre esa afectación.
