Marissa Rivera.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ungió nuevamente como “el guardián de las elecciones” y convocó a los gobernadores del país a firmar el “Acuerdo Nacional por la Democracia”.
Un montaje presidencial más, en el que, por miedo a ser señalados o investigados, incluso hasta por conveniencia, asistieron los mandatarios estatales. Testigos mudos.
No hubo interacción, es más ni cercanía al Presidente. El acusado por la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, estuvo a metros del fiscal Alejandro Gertz Manero. Hasta ahí.
Los gobernantes, todos, están obligados a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo. ¿Para qué un acuerdo? Y luego, emplazado, a puerta cerrada, por el principal activista político de la nación, el mismo que desafía en público y en privado al árbitro electoral.
A pesar de las encuestas que proyectan un triunfo de Morena, el presidente está preocupado. El único activo político de su partido es él y no estará en la boleta como era su deseo.
Le inquieta que en los 15 estados donde habrá elecciones solo Baja California es gobernado por Morena. En los demás el poder lo detentan el PRI en 8, el PAN en 4, el PRD en uno y otro es independiente.
En una elección, todos, todos los gobernantes sin excepción, echan a andar su maquinaria para mantener la plaza.
Con recursos para las campañas, con informaciones falsas, abriendo investigaciones contra sus adversarios, incluso, fabricando casos o ejerciendo la ley en un momento tan preciado como la víspera electoral.
Lo raro es que el presidente López Obrador se haya comprometido a no intervenir en el proceso electoral, cuando su ADN es cuestionar a las instituciones, judiciales, legislativas, electorales, a todas las que osen no estar de acuerdo con él.
Le irrita cumplir lo que le exige la Constitución. Por eso se enoja, con mucha facilidad.
Le fastidió que el INE ordenara suspender la trasmisión de las mañaneras durante las elecciones de 2020 en Coahuila e Hidalgo por considerarlas propaganda gubernamental. El Tribunal Electoral no quiso problemas y le dio la razón al presidente.
También lo sacó de quicio que el INE le prohibiera durante sus conferencias diarias hablar de temas inherentes a la elección electoral del 6 de junio.
Cuesta trabajo, creer que cumplirá con el acuerdo cuando es el más reacio a seguir las reglas.
De acuerdo con un estudio de Integralia Consultores, el activismo político de AMLO “polariza el ambiente de las campañas, aumenta los riesgos de conflictos postelectorales y genera incertidumbre jurídica”.
López Obrador no ha dejado de hacer campaña desde el 2006 que fue por primera vez candidato a la presidencia de la República en 2006. Lo hace todos los días, desde el púlpito matutino o en sus giras por el país.
Incluso, un día antes de firmar que no se inmiscuiría en las elecciones, anunció que el apoyo a los adultos mayores de 68 años, bajaba hasta los de 65, como lo tenía su antecesor Enrique Peña Nieto.
Qué bueno que no se va a meter en las elecciones. Le digo anda inquieto.
Ya sabemos su narrativa de “primero los pobres”. ¿Y porque no lo hizo desde que comenzó la pandemia?
Negará que sea populismo, que sus programas sociales sean clientelares. Pero ya sembró un temor, si no gana Morena, podrían estar en riesgo los apoyos para adultos mayores, para los jóvenes que no estudian ni trabajan, las becas a estudiantes y otros de sus múltiples apoyos.
Populismo puro en un país con niveles de desigualdad grave, con la mitad de su población en pobreza extrema y los millones de mexicanos que han dejado de tener ingresos debido a la pandemia.
Con acuerdo o sin acuerdo el principal actor de la elección del 6 de junio será el presidente López Obrador, ya lo verá.
