Raúl Flores Martínez.
Las amenazas de ejecutar a policías ministeriales del Estado de México por el crimen organizado, no son recientes. Fue en junio de 2020 cuando una célula de la denominada Nueva Familia Michoacana, a través de mantas dejó en claro que iba a comenzar la ejecución de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal.
Ayer, un comando armado le quitó la vida a 13 elementos de seguridad pública y otros más de la Fiscalía que realizaban labores de patrullaje en los municipios de la zona sur de la entidad mexiquense, considerada el Triángulo de la Brecha que colinda con Guerrero y Michoacán.
Esta zona enclavada en la zona de Tierra Caliente, operan los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Familia Michoacana, que aprovechan la sierra, como zona de paso al Estado de México para adentrarse en las comunidades modestamente agrarias y ganaderas de Nanchititla (800 habitantes), Tejupilco (71 mil habitantes) y el relativamente nuevo municipio de Luvianos (73 mil habitantes).
Los delitos comunes mutaron hacia el secuestro, extorsión, robo de ganado, siembra y tráfico de drogas o armamento; hechos adicionales son los enfrentamientos entre ambos grupos y sus ajustes de cuentas.
De acuerdo con la Información Filtrada, el pasado 16 de marzo, se realizó un operativo en el municipio de Zacualpan, donde fueron decomisados tres vehículos y una libreta en la que se especificaron puntos de halconeo y bases del grupo delictivo la Familia Michoacana.
En las acciones participó el agente de la fiscalía Abraham Hipólito Legorreta, quien se encontraba ayer en el punto del ataque. Por estas labores, se presume que la emboscada en Coatepec de Harinas se habría tratado de una represalia por parte de la organización criminal.
Dentro del lenguaje y códigos del crimen organizado, los cuerpos de los oficiales caídos fueron apilados es un claro mensaje claro a las autoridades de los tres niveles de gobierno, “Hay un poder de facto que gobierna la zona, que puede perpetrar un ataque semejante sin que hasta la fecha haya un solo detenido, son ellos”.
Con estas ejecuciones, queda más que claro que México atraviesa una severa crisis de violencia que no ha podido ser frenada desde hace 15 años, una crisis que se consintió en los dos primeros años del actual sexenio, donde fue nula el accionar del gobierno Federal.
Solo debemos recordar algo similar, 2019, ocho agentes estatales en un municipio cercano, en Almoloya de Alquisiras, a unos 30 kilómetros fueron ejecutados por el mismo grupo criminal, una realidad que es cíclica por el dominio en la zona del crimen organizado.
