México.- Como lo advertimos públicamente desde la tribuna: la iniciativa preferente que modificó disposiciones en materia eléctrica es violatoria del artículo 28 constitucional y ahora el Poder Judicial de la Federación nos ha dado la razón, al conceder suspensiones legales contra este engendro de la cuarta trastornación; exigimos al presidente López Obrador deje actuar con libertad a la justicia. No aceptaremos presiones contra la división de poderes, fundamento de nuestra República.
Así se expresó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks al señalar que el presidente López Obrador debería recordar que en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece con nitidez que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Lo anterior cobra relevancia ante los últimos acontecimientos que vive el país, en los que el ejecutivo propuso una iniciativa preferente en materia eléctrica, el legislativo la aprobó, pero el judicial ha entrado en un proceso de valoración judicial del decreto ya publicado. Sin embargo, ahora el presidente de la República ha expresado un señalamiento indebido en contra del juez que ha conocido uno de los amparos promovidos en contra de las reformas.
Para Romero Hicks, ese amago por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del juez que hasta ahora ha recibido una decena de amparos de los ciudadanos afectados, es un acto inaceptable, ya que atenta contra los fundamentos de nuestra República.
El dirigente de la bancada panista aseguró que, desde la presentación de la iniciativa preferente, el GPPAN advirtió que con ella se pretendía regresar al monopolio estatal en donde se hace a un lado a los competidores, donde la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad mantendrían el control absoluto en generación, vulnerando la libre competencia.
Lo anterior, agregó, va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución –artículos segundo, tercero, 25, 27 y 28–, sobre el derecho a la salud, el medio ambiente y respecto a que la generación de energía eléctrica y su compraventa, junto con su comercialización, son actividades abiertas a la libre competencia y a la libre concurrencia.
Pero lo más grave es que lejos de beneficiar a los ciudadanos, les implicará un mucho mayor costo –vía tarifas o vía impuestos– además de generar una contaminación que en todo el mundo se trata de erradicar de la producción eléctrica.
Con información del PAN
