Rubén Cortés.
En una época en la que en México 10 millones de personas han pasado a ser pobres, y 12 millones han estado sin trabajo en algún momento, el gobierno hace un negociazo al poner a los soldados a construir sus grandes obras para no gastar un peso en albañiles.
Los soldados que construyen Santa Lucía, Tren Maya, tres aeropuertos en el Sureste, y otras obras, lo hacen por su sueldo de militares: ya están pagados; mientras que decenas de miles de obreros y especialistas de la construcción están en el desempleo.
Pero, además de quitar empleo a quienes se dedican y deben dedicarse a construir o sembrar, es una militarización ascendente en el país, con el cuento de que el Ejército mexicano es institucional, profesional y respetuoso de la Constitución.
En el continente, sólo en Cuba hay tantos militares metidos en un sector que es clave para el desarrollo del país, pues de la construcción se beneficia casi un centenar de ramas de la economía nacional que detonan empleos masivos para la población civil.
Con el Estado como dueño de los medios de producción, los militares cubanos generan 40 por ciento del PIB, mientras por un solo salario se encargan de la seguridad y de construir las obras que deberían construir los constructores que están sin trabajo.
El Ejército cubano construyó durante los últimos tres años 60 nuevos hoteles de lujo, a un costo de dos mil 378 millones de dólares, lo cual le garantiza el monopolio del turismo, las ganancias que genera éste como principal fuente de ingresos del país.
Y aquí, por decisión personal del presidente, el Ejército se quedará con las ganancias del aeropuerto civil que construye en Santa Lucía: casas de cambio, comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o nacionales, baños…
Serán civiles quienes administren el aeropuerto, y las ganancias del proyecto para la Secretaría de la Defensa Nacional, previo pago de mantenimiento y demás insumos. Un negociazo que excluye a los civiles, ya que es exclusivo para dos: el Ejército y el gobierno.
Además, a diferencia de los civiles, los militares no tienen que rendir cuentas: en 2020 Sedena gastó 32 mil 175 millones de pesos, pero de esa cifra no se pueden auditar 25 mil 460 millones, con la jugada de que son asuntos de “seguridad nacional”.
¿Seguridad nacional? Pues son obras civiles el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el proyecto turístico Tren Maya y dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. Si fueran cuarteles si sería asunto de seguridad nacional, pero no un aeropuerto civil.
Es decir, el “pueblo uniformado” quita la chamba al pueblo sin uniforme.
Un pase mágico de la llamada “Cuarta Transformación”.
