México.- La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) demandó al Gobierno Federal aclarar todas las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, ante el presunto desvío de dinero público en su primer año.
Mediante un comunicado, señaló que los presuntos desvíos suman mucho más que la llamada “Estafa Maestra” del anterior sexenio.
La diputada por Zacatecas recordó que en las denuncias presentadas contra Rosario Robles Berlanga, presunta operadora de la llamada “Estafa Maestra”, por la malversación de recursos a su paso por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la gestión de Enrique Peña Nieto, los desvíos superan los seis mil millones de pesos.
A su vez, la ASF reportó el ejercicio anómalo de más de 67 mil millones de pesos en 2019, lo que “significa más de 10 veces lo achacado a Robles Berlanga en irregularidades en los años que estuvo al frente de aquellas dependencias”.
Esparza Márquez mencionó que las irregularidades detectadas tienen que ver con la operación de programas emblemáticos del gobierno en turno, como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, apoyos para adultos mayores y Becas para el Bienestar “Benito Juárez”.
La construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y el Tren Maya en la Península de Yucatán, entre otras obras. Éstas, adicionales a las registradas en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
De acuerdo con la ASF, se entregaron apoyos a personas fallecidas de ambos programas, “supuestamente se pagaron servicios sin prueba alguna de que realmente se hicieron, hubo otros que aun así se pagaron hasta dos veces y hubo los que claramente no se hicieron, pese a lo cual se pagaron”.
Consideró que, al igual que en otros casos en los que presuntamente se privilegia la recuperación de los recursos públicos desviados o sustraídos indebidamente, como la “Estafa Maestra”, se proceda de la misma manera en los programas del actual gobierno.
“Las irregularidades cometidas en el Gobierno Federal, según lo ha informado el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, deben ser investigadas y, en su caso, sancionadas hasta sus últimas consecuencias, pero sobre todo también deben recuperarse los miles de millones de pesos que se hayan malversado en los programas y proyectos mencionados, así como en cualquier otro”, expresó.
Como corolario de lo anterior, las aclaraciones deben servir también para determinar si programas electoreros, como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y obras faraónicas como el Tren Maya o contaminantes como el de la refinería de Dos Bocas, deben continuar o suspenderse, como lo han reclamado expertos y medioambientalistas.
Por su parte, la diputada Mónica Almeida López (PRD) informó que impulsa una iniciativa de ley para establecer que las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), planifiquen, mejoren, corrijan o suspendan las políticas públicas en la materia.
En un comunicado dijo que propone reformar la Ley General de Desarrollo Social para lograr que las funciones del organismo constitucional autónomo, trasciendan más allá de metodologías y evaluaciones, y aumenten la eficacia en el combate a la pobreza.
Explicó que lo anterior es para evitar el derroche de dinero y los esfuerzos sin generar un cambio real en la vida de las personas.
“Hoy en día la pobreza se combate a través de discursos y acciones sociales sin sustento, ni evidencia sistematizada, convirtiéndose en un pretexto para generar un asistencialismo clientelar con tintes electorales”.
Almeida López enfatizó en la necesidad de incorporar al Coneval como el brazo técnico de la implementación de las políticas públicas en materia de desarrollo social.
Esto permitirá que quienes estén en el poder realicen sus funciones con evidencia, datos oportunos, transparencia y sobre todo efectividad, evitando crear más rezago social e impulsar al máximo el bienestar de la sociedad.
La perredista aseguró que estos mecanismos evitarán que, ante la evidencia, al cambio de administraciones se eliminen programas que han sido benéficos para el país, pero que “por representar el sello de un proyecto político sean borrados de manera definitiva afectando el bienestar de los mexicanos”.
“Con esta reforma que esperamos no entre en el congelador legislativo, se pretende impulsar de fondo la calidad de vida de todos en el país, y que no sea una ideología, creencia o intuición, la que guíe las políticas públicas de desarrollo social, sino la evidencia para lograr este progreso”.
El Coneval, consideró Almeida López, representa uno de los eslabones más importantes de la rendición de cuentas, transparencia y progreso, en el desarrollo social, ya que “permite conocer el impacto real de las acciones gubernamentales a través de la evaluación de las políticas públicas”.
Con información de la Cámara de Diputados
