Raúl Flores Martínez.
Tal parece que por primera vez el Consejo de la Judicatura Federal, se dio cuenta de que algunos de sus jueces, tienen una mano muy larga para exigir algunos pesos extras a su salario para dar algunos dictámenes.
Ayer, dio a conocer que el magistrado de Puebla, Carlos Loranca Muñoz incurrió en irregularidades en su declaración patrimonial, por un monto de seis millones de pesos, por lo que fue destituido e inhabilitado.
Para no sorprenderse, este magistrado fue investigado por la Fiscalía General de Justicia de Puebla por presuntos vínculos con Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”, considerado como uno de los principales líderes del robo y venta de combustible.
De acuerdo con esas investigaciones el ex magistrado Loranca Muñoz fue fotografiado, en septiembre de 2017, comiendo Muñoz Bravo. El CJF detalló que la inhabilitación y separación del ex magistrado de la institución se basa en que se detectaron diversas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016.
“El magistrado no reportó en sus declaraciones patrimoniales cerca de $6,000,000 (seis millones de pesos) producto de diversas operaciones, por lo que se le inhabilitó por 15 años y fue destituido”.
Esperemos que estas destituciones también se vayan dando en el Estado de México, jueces que están ligados en distintas redes de corrupción que por algunas monedas dan condenas a personas inocentes.
En este espacio hemos dado a conocer en diversos momentos, la red de corrupción entre policías, ministerios públicos y jueces en el tema de las extorsiones que piden de 50 a 200 mil pesos para que las víctimas no sean acusada y condenadas por extorsión con 30 años de prisión.
Debemos recordar en 2019, cuando el Poder Judicial de la Federación documentó durante los últimos años casos contra jueces y magistrados relacionados con corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual.
De todas esas medidas, 15 jueces fueron destituidos e inhabilitados por haber cometido conductas graves. Tres inhabilitaciones y una destitución se emitieron en 2018, pero no todas han sido declaradas firmes.
Entre los casos que han quedado firmes están: el del magistrado que liberó al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el juez que otorgó diversos amparos al Zar de los Casinos en Coahuila y el que llevó el caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara.
En la administración pasada fueron sancionados 36 magistrados y 49 jueces de Distrito por irregularidades que cometieron dentro de la Corte.
