México.- Las diputadas Aleida Alavez Ruiz (Morena) y Cynthia López Castro (PRI) coincidieron en que la reforma constitucional para que el Presidente de la República pueda ser imputado por cualquier delito, es un gran avance en el combate a la corrupción e impunidad y permitirá acabar con los privilegios.
Lo anterior, durante el debate virtual “Reformas constitucionales que definen las causas del juicio presidencial”, en el programa “Parlamento en Vivo”, organizado por la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
En septiembre de 2020, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen que reforma los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, con el fin de eliminar la impunidad procesal y ampliar el catálogo de delitos por los que el Ejecutivo Federal puede ser juzgado.
El martes pasado, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, luego de ser aprobada por 18 de los 32 congresos locales del país.
Se estableció que el Presidente podrá ser imputado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que la corrupción y la impunidad son los problemas más graves que tiene el país, por lo que es primordial eliminar todos los obstáculos que tiene la justicia.
Enfatizó que la corrupción tiene un costo del 5 al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando la media internacional es de 5%, y México se ubica en los últimos lugares en materia de combate a este flagelo.
“Quitar la inmunidad procesal al Presidente es un gran avance, ya que se le puede acusar por cualquier delito y como cualquier ciudadano. Es una base sustancial para erradicar esta corrupción que tanto daño le ha hecho al país”, señaló.
La diputada de Morena explicó que ante una denuncia interpuesta en el Ministerio Público contra el titular del Ejecutivo Federal, el Senado de la República calificará los elementos y determinará si procede o no el juicio contra el mandatario.
Agregó que en sexenios pasados se cometieron delitos al amparo de la protección que les daba el fuero a los servidores públicos y con esta reforma se pretende que se entienda que no se pueden ostentar los cargos públicos para hacer negocios, pues son para servir a la población.
Además, dijo, contribuirá a avanzar gradualmente en favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos.
Por su parte, López Castro consideró como un gran avance en el combate a la corrupción, el que se estableciera en la Constitución que el Presidente de la República pueda ser juzgado como cualquier ciudadano y se entienda que nadie puede pasar por alto la ley.
Sin embargo, enfatizó que aún falta mucho por hacer para lograr de verdad un “piso parejo”, en el que no haya ningún privilegios o beneficio para los servidores públicos, pues están para servir, no para tener privilegios.
Lamentó que no se le haya eliminado el fuero por completo al Presidente; no obstante, insistió en que estas reformas son un avance sustancial y una demanda añeja de la sociedad.
Añadió que ahora se abre la posibilidad de que el Presidente pueda ser juzgado por abuso o violencia sexual o contra menores, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, robo a transporte, desaparición forzada, uso de programas sociales con fines electorales y actos de corrupción, entre otros.
Con información de la Cámara de Diputados
