Alejandro Zapata.
El anuncio del Senador Ricardo Monreal en su carácter de coordinador del Grupo mayoritario en la respectiva Cámara, dando a conocer su iniciativa para regular redes sociales, despierta muchas suspicacias, la noticia se debe leer entrelineada dadas las circunstancias que rodean el asunto y los intereses de una administración opaca.
El argumento central lo sostiene sobre la base de garantizar la libertad de expresión y el derecho humano a la información, como pilares fundamentales en la vida democrática del país, correspondiendo al Estado la obligación de preservar, proteger, garantizar y ampliar esos principios constitucionales, por lo tanto, considera esencial construir un marco normativo para su regulación.
La idea surge por la restricción de la cuenta de Twitter al expresidente Trump, lo que causó molestias al Jefe del Ejecutivo López Obrador, quien lanzó acusaciones en contra de algunos directivos de esa compañía cuestionando su neutralidad.
Ahora la respuesta es evidentemente clara a través del Senador Monreal, es obvio que la creación de una legislación de esa naturaleza implica someter a las redes sociales al capricho del gobernante en turno, independientemente de la retórica garantista esgrimida para justificarla, será el Estado quien decida la información que se publica y cual no.
Lo mismo ocurrió hace años con los medios de comunicación tradicionales, el debate tenía como eje central la información sensible en materia de seguridad nacional, la incitación a la violencia o comisión de conductas ilícitas, así como la calumnia o indebida exhibición en contra de personas y su dignidad, operando en consecuencia mecanismos de autorregulación.
Cabe mencionar que prácticamente toda la información actual se maneja por vía digital, es decir, pasa por el ciberespacio y, al pretender regular ese aspecto, el universo de las notas, mensajes o comunicados tendrán el tamiz de la autoridad, lo que desde luego es una limitante.
Aunque se menciona de manera relevante lo concerniente a brindar una garantía al derecho de libertad de expresión y a la información, me parece que la intención va en sentido contrario, el simple hecho de que el gobierno pretenda meter las manos en esa área nunca ha sido una señal positiva.
Máxime que hemos visto una fuerte resistencia de esta administración en transparentar la información pública, regularmente emiten acuerdos de reservas para evitar que se conozcan actividades que debieran ser del dominio público y cuando alguna nota se filtra y llega a salir a la luz, no pueden ocultar su molestia.
Así, las buenas intenciones que pregona el dicente autor de la iniciativa para regular las redes sociales en favor de los gobernados, tengo la impresión de que el objetivo es diferente: el control de la información en detrimento de la sociedad, cuestión sumamente delicada pues facultar al gobierno otorgándole ese monopolio, lejos de fortalecer los derechos humanos los limita.
Si de dar el beneficio de la duda se trata, previo a cualquier acción de restringir y controlar las redes sociales, lo prudente es revisar, analizar y evaluar los procesos de autorregulación que llevan a cabo, ya que se advierte cumplen estándares internacionales, con criterios bien definidos, lo que no suele pasar con nuestros gobernantes en el país.
