Francia se cierra a partir de este domingo de forma casi hermética a los países exteriores a la Unión Europea (UE), porque sus datos epidémicos, aun siendo preocupantes, le permiten todavía esperar que puede evitar un tercer confinamiento, o al menos retrasarlo.
Además de ese cerrojazo suplementario a las fronteras, el Gobierno prepara una nueva vuelta de tuerca en el dispositivo para disminuir los contactos sociales con la clausura también desde este domingo de las galerías de comercios no alimentarios con más de 20 mil metros cuadrados.
El ministro de Economía, Bruno Le Maire, organizó una reunión telefónica con casi una veintena de representantes patronales del sector para explicar esa medida y la reducción desde el lunes del aforo de los otros centros comerciales que podrán seguir prestando servicio y, previsiblemente, habilitar ayudas compensatorias.
De acuerdo con las informaciones de ese Ministerio, serán 396 las galerías comerciales que habrán de bajar la persiana en nombre de la limitación de concentraciones de personas, y en total unos 25 mil las tiendas que podrán acogerse a los dispositivos de subvenciones.
Confinamiento no, al menos no inmediatamente
El primer ministro, Jean Castex, fue el encargado de anunciar que, en contra de lo que habían dado a entender otros miembros de su Gobierno durante la semana, no habrá un nuevo confinamiento, cuando menos no de forma inmediata.
Al término de un consejo de defensa sanitaria presidido por Emmanuel Macron, Castex lo justificó porque teniendo en cuenta las cifras del COVID-19 de los últimos días “todavía podemos darnos una oportunidad de evitarla”.
Eso pasa en primer lugar por prohibir todos los viajes con países exteriores a la Unión Europea en uno u otro sentido, salvo que se pueda justificar un “motivo imperioso”.
Además, como ya ocurría hasta ahora, para entrar a Francia habrá que presentar un test PCR negativo y guardar aislamiento durante siete días antes de someterse a un segundo test.
PCR también para entrar por carretera o por tren
En cuanto a los desplazamientos desde otros países del Espacio Europeo (UE, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, el Vaticano y Suiza), no estarán condicionados a un “motivo imperioso” pero sí que habrá que hacerse una prueba PCR.
Desde el 24 de enero ya era necesaria cuando se llegaba en avión o por barco. A partir de este domingo, lo será igualmente al entrar por vía terrestre (por tren o por carretera).
No hay obligación de cumplir un confinamiento, pero “está fuertemente recomendado aislarse durante siete días”, según explica el Ministerio de Exteriores en su página de consejos a los viajeros.
De todos esos requisitos, para salvaguardar sin grandes perturbaciones el funcionamiento del Mercado Único quedarán exonerados los camioneros y los trabajadores transfronterizos que deben cruzar todos los días de un país a otro (hay 350 mil en Francia).
La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen consideró el cierre de las fronteras un triunfo de lo que ella había pedido ya a finales de febrero del pasado año, cuando apenas empezaba la crisis del coronavirus, y que entonces le valió las críticas de Macron.
“Cuanto tiempo perdido para decidirse finalmente, con el agua al cuello, a controles reforzados en las fronteras. Desde el comienzo decimos, sin que se nos escuche, que es uno de los medios más eficaces para ralentizar la epidemia“, ha comentado Le Pen.
Otro de los anuncios del primer ministro fue el endurecimiento de la acción policial para hacer respetar todas las medidas de restricción porque “las derivas de unos pocos no pueden arruinar los esfuerzos de todos”.
Desde que terminó el segundo confinamiento el 15 de diciembre hasta este viernes, las fuerzas del orden habían hecho un millón 678 mil 233 controles por el respeto del toque de queda nocturno (entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana desde el 16 de enero) y eso ha dado lugar a 145 mil 465 multas.
Por ejemplo, en la noche del viernes al sábado cerca de un centenar de personas fueron multadas por participar en una fiesta clandestina en una nave de la localidad de Collégien, en el departamento de Seine et Marne, y tres fueron arrestadas para tratar de identificar a los organizadores.
Las sanciones para los infractores son de 135 euros, que en caso de reincidir tres o más veces en un mes pasan a 3 mil 750 euros.
Para reducir los desplazamientos cotidianos, el Gobierno quiere que las empresas recurran más masivamente al trabajo a distancia y para ello el lunes comienza una concertación con los interlocutores sociales.
EFE
