México.- La Secretaría de la Función Pública, dirigida por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resolvió sancionar con destitución e inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en la pasada administración estuvo relacionado con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
“Tenemos que construir una nueva ética pública, donde todos cumplamos con nuestras obligaciones y seamos parte de un México más honesto”, aseveró la secretaria Sandoval Ballesteros, quien añadió que “la declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, en el marco del gobierno transparente impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Expuso que “las personas servidoras públicas estamos obligadas a brindar la información que el pueblo de México demanda, para así vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos. En la Función Pública seguiremos cumpliendo con nuestra tarea de verificar la evolución patrimonial de quienes ostentan un cargo público y de sancionar conductas que constituyan faltas administrativas”.
Como resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.
Con dicha conducta, la persona servidora pública que también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos.
Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados.
Esta resolución deriva de las acciones que desde inicios de la actual administración fueron informadas por la propia secretaria Sandoval Ballesteros en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
Para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial. En los dos primeros años de esta administración se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones.
Con información de la SFP
