Rubén Cortés.
Testigo Protegido, el tipo jurídico ideal de este gobierno para condenar enemigos, ha dado un gancho al hígado al Ejército que este gobierno dio el mayor reparto de poder y lana en un siglo, a cambio de apoyar con las armas su ideal de gobierno autoritario.
Juan dice (en un expediente del gobierno) que un Batallón de Infantería del Ejército (el 27) asesinó y quemó en sus instalaciones a parte de los 43 del Caso Iguala, después que se los entregó el cártel del crimen organizado Guerreros Unidos.
Lo cierto es que el dicho de Juan coincide con el del hoy presidente de la República en sus días de candidato en las elecciones que ganó la presidencia, cuando pedía a los votantes reclamarle al Ejército por el crimen del Caso Iguala.
Ante protestas en su gira en Nueva York, por su amistad con el exalcalde de Iguala preso por la desaparición de los 43, el candidato dijo a uno de los padres, Antonio Tizapa: “El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”.
Junto al entonces candidato estaba Netzaí Sandoval, a quien la Corte Penal Internacional aceptó una denuncia contra el Ejército por “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, amputaciones y decapitaciones, durante la guerra contra el narco.
El abogado Netzaí es hermano de la titular de Función Pública, Irma Sandoval, y cuñado de Ackerman, operador del presidente en la captura del INE. Sólo que Netzaí dejó de acusar al Ejército, cuando el ya presidente asentó su gobierno en el apoyo del Ejército.
Cierto que, por el Caso Iguala, este gobierno ya detuvo a tres militares. Sin embargo, la acusación de Juan es a todo un batallón, como la acusación de la DEA, por narco, era a un general ex titular del Ejército.
O sea, el Batallón 27 de Infantería del Ejército saldrá indemne de la acusación, igual que salió indemne el general: sólo serán condenados algunos uniformados de poca monta sin que sea desprestigiado el Ejército.
Aunque es el mismo Ejército que, el grupo de parientes y amigos que hizo Morena para llegar al poder, consideraba hasta 2018 “asesino de lesa humanidad” y de “tortura para forzar a personas a que se autoinculpen”.
Entonces, el Ejército que ayer era asesino, hoy saldrá impune porque hoy el Ejército es (para ese grupo de parientes y amigos) garante de su transformación del modelo de democracia participativa en modelo de gobierno autoritario sin contrapesos civiles.
Por eso el Ejército construye obras millonarias como el Tren Maya y los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque, controla las aduanas, e interviene en la vida civil como nunca participó en 100 años.
Aunque Juan lo acuse.
