Aurora Aguilar.
Mucho avanzó México en ésta, la LXIV Legislatura, la de la Paridad de Género, en adecuar la normatividad para garantizar el acceso al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; tanto, que en la calificación internacional del documento Government at a Glance 2019 emitido por la OCDE, inclusive se dice que somos el primer lugar a nivel mundial, pero eso es en el papel. A la hora buena, a la hora de la verdad, de la toma de decisiones que pisan intereses, prevalecen las viejas prácticas que otorgan aval superior a la impunidad y el pisoteo al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia tanto conceptual como legalmente.
En Guerrero, estado que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contó en los primeros once meses de 2020 con 532 delitos denunciados de carácter sexual en sus modalidades de violación, acoso, hostigamiento sexual y abuso sexual, se pretende postular al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de la entidad, aun cuando existe denuncia acompañada de clara evidencia de violación en contra de una periodista que dependía laboralmente de él. El otrora fiscal, Xavier Olea Peláez ha declarado que sufrió presiones para dejar la investigación, aludiendo que “se me dijo que no. Pues entonces la instrucción que yo di es que se mantuviera status quo…”
Sanción penal merecerían todos los involucrados; el presunto culpable de violación, quien haya instruido al fiscal y el propio funcionario por obstruir la justicia y con ello, fomentar la impunidad y garantizar que la apropiación del cuerpo de la mujer y el atentado a su eminente dignidad siga siendo práctica común aceptada, encubierta e incluso premiada en los pactos de machos.
El 29 de julio de 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al INE a elaborar y hacer público un padrón de quienes cometan violencia política en razón de género y el 21 de diciembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos 3 de 3 que explícitamente prohíben que quienes en lo privado no se conducen con respeto a las mujeres, en lo público no puedan ser candidatos, funcionarios o ejercer ningún tipo de figura de poder, a saber en las siguientes condicionantes:
1.- No haber sido persona condenada o sancionada por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
2.- No haber sido persona condenada o sancionada por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
3.- No haber sido persona condenada o sancionada como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias.
Los cambios sociales se cristalizan cuando el hartazgo es tal que el miedo a las represalias, sanciones y señalamientos es menor a las consecuencias del mal vivido. La postulación de Salgado Macedonio es una flagrante afrenta a la lucha de las mexicanas por los justos ideales de vivir sin violencia, en ejercicio de derechos plenos y con gobiernos que sean garantes de la aplicación cabal del estado de derecho.
La candidatura de Félix Salgado debe retirarse. Ese sí que sería ejemplo de compromiso con la mitad de la población que, hasta ahora, vemos con desilusión, frustración e impotencia que el avance de las mujeres se queda en las páginas inertes del papel donde se plasman nuestras causas.
