Francisco Garfias.
No hay ordenamiento que impida expresamente a los estados adquirir y aplicar la vacuna contra la Covid-19 para salvar la vida de los gobernados. Querer colgarse solitos la medalla, como pretende el gobierno federal, no sólo es un acto de autoritarismo, sino un crimen.
Cuando el vocero de la pandemia, Hugo López Gatell, dice que ninguno de los 32 gobiernos estatales puede comprar vacunas, contradice, además, uno de los principios que su jefe pregona a los cuatro vientos: prohibido prohibir.
El famoso doctor asegura que la Ley General de Salud señala que que es facultad del gobierno federal organizar las medidas de prevención y control, con la colaboración de las autoridades sanitarias estatales.
Se le olvidó que la Constitución consagra el derecho a la vida, sin la cual todos lo demás derechos carecen de sentido.
La lógica nos dice que si los gobiernos estatales se suman a la tarea de vacunar a la población, más pronto saldremos de la pandemia.
Los diez gobernadores de la Alianza Federalista brincaron ayer frente a la decisión de centralizar la compra y distribución de la vacuna.
Le enviaron una carta a López Obrador en la que le dicen que no comparten la decisión de monopolizar la compra y aplicación de la vacuna.
Reiteran, sin embargo, su decisión de coordinar sus capacidades para garantizar su acceso universal y no discriminatorio.
“La vacuna es un tema que no admite descalificaciones y, mucho menos, el vano y simplista recurso a la “politiquería” con el que usted responde a la genuina preocupacion social. Nadie pretende politizar la enfermedad. Mucho menos su cura”, aseguran.
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No hay Ley que impida a los gobernadores –o los particulares– adquirir vacunas, asegura el doctor y diputado de Acción Nacional, Ector Ramírez Barba.
Otro panista, Marko Cortés, dice que es inadmisible la negativa del gobierno para que los estados adquieran y apliquen directamente la vacuna “con sus propios recursos”.
“Es el colmo. A los estados ni les darán la vacuna, ni les quieren dar permiso para adquirirla. En términos beisboleros, estamos ante un gobierno que ni picha, ni cacha, ni deja batear”, se quejó.
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La pésima gestión de la pandemia ha tenido un alto costo en vidas humanas. Las cifras oficiales colocan a México en cuarto lugar en muertos totales –iba ayer en 115 mil 769– y primero en decesos de personal sanitario –1,320 confirmados–, según un Informe de Amnistía Internacional, publicado en septiembre pasado.
Esa situación, dice Marko Cortés, hace necesario el nombramiento de un Zar de la Vacunación.
Y no, no se refería a Marcelo Ebrard, sino de alguien con amplios conocimientos técnicos en la materia, que se rija por la ciencia y no por la política.
El presidente López Obrador, por cierto, se comprometió ayer, en Sonora, a aplicar en forma “pareja” el programa de vacunación contra el Covid, sin mezquindades, sin criterios políticos.
La gobernadora Claudia Pavlovich, que no es de la Alianza Federalista, solicitó al mandatario considerar a ese estado como prioritario en la distribución y aplicación de la vacuna.
“Sonora es un estado con un alto índice de personas con padecimientos crónicos que provocan complicaciones graves”, argumentó la gobernadora.
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Mario Delgado empieza a tener broncas serias por las candidaturas. No hay sorpresa. Se trata de Morena. Es su naturaleza. No confían en sí mismos.
La mecha se encendió en Tlaxcala. La senadora Ana Lilia Rivera, una de las aspirantes al gobierno del Estado por el guinda, rechaza los resultados de la encuesta que coloca a Lorena Cuéllar como virtual candidata del guinda en esa entidad.
La inconforme hizo público un documento en el que dice que los resultados de la encuesta son inaceptables. “No puedo considerar legítima une encuesta cuyos resultados fueron conocidos con anticipación por una de las aspirantes”, asevera.
“Morena –añade– tiene como bandera de lucha la transformación y la democratización. (Esto) no se puede lograr, si los procesos en el partido son antidemocráticos”.
Ana Lilia le mandó un recordatorio al presidente de Morena: “la época de los destapes, cargada y acuerdos cupulares ya se acabó”.
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Al caer la noche nos enteramos que un juez del Edomex volvió a dictar auto de formal prisión, por lavado de dinero y delincuencia organizada, al ex alcalde de Iguala, Jose Luis Abarca, vinculado al caso Ayotzinapa.
Abarca, preso en Almoloya, había ganado un amparo por violaciones al debido proceso.
Se ordenó la reposición del procedimiento, lo que dio lugar a especulaciones de que podría quedar en libertad. Pero no, allí se queda.
“Algo sirvió lo que hizo Guerrero para tener por acreditada la delincuencia organizada”, nos presumió Iñaki Blanco, fiscal en ese estado cuando la barbarie de Iguala.
