José C. Serrano.
En los primeros días de diciembre de este malhadado 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) envió a la Cámara Alta del Congreso de la Unión una propuesta para reformar la Ley Orgánica de dicho órgano ministerial.
El anuncio de tal reforma ha desatado un alud de críticas dentro y fuera de las instancias gubernamentales que guardan estrecha relación con el actual quehacer de la FGR. Se ha dicho que la iniciativa presentada implica un retroceso en la administración de justicia, la negación de derechos de verdad, justicia y reparación, así como un rechazo a la colaboración entre dependencias y un incorrecto entendimiento de lo que significa la autonomía de la FGR.
A través de derogaciones y cambios a artículos 4, 24 y 68 de la legislación en materia de desaparición de personas, la propuesta excluye a la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), eliminando los aspectos en los que tendría que intervenir y modifica la obligación de la coordinación interinstitucional para buscar a personas desaparecidas; implica la negación del derecho a toda persona de ser buscada.
Se conoce que el Senado de la República votó el 10 de diciembre último un acuerdo para que el próximo 15 de enero se celebre un periodo de Sesiones Extraordinarias a fin de aprobar la nueva Ley de la FGR. La premura de esta decisión deja al margen un amplio proceso de deliberación pública que escuche a las víctimas, expertos y representantes de la sociedad civil.
Diversos organismos internacionales se han pronunciado por la necesidad de crear y fortalecer las fiscalías, tanto institucional como operativamente, para que cumplan con sus funciones de forma independiente e imparcial. La nueva ley propuesta en nada abona a estos propósitos.
Campea en el ambiente la sensación de que el “salto cualitativo” al pasar de la (PGR) a la FGR no da señales de cambio: los delitos de alto impacto siguen cobrando vigencia (secuestros, extorsiones, homicidios dolosos, entre otros). Tal situación revela que a Alejandro Gertz Manero y al presidente Andrés Manuel López Obrador les ha convenido moverse entre dos aguas en el caso de la FGR, que en términos teóricos es un “órgano público autónomo”, pero en los hechos, practica un acompasamiento con los intereses de la cúpula del grupo en el poder federal, pues aprieta en cierto casos y muestra desidia en otros, dejando siempre políticamente a salvo al presidente de la República.
El periodista Julio Hernández López ha calificado a Gertz Manero como un fiscal “nini”, pues ni es autónomo ni es abiertamente dependiente de la silla presidencial. No podría ser de otra manera, pues el fiscal general es una hechura del sistema político tradicional de México.
La marcada reticencia del fiscal “nini” a enfrentar con vigor y eficacia los muchos asuntos pendientes está de manifiesto en la pretensión de que en la nueva ley orgánica de esa fiscalía se omitan obligaciones y compromisos en cuanto a personas desaparecidas (uno de los temas más demandantes de recursos y atención de la administración federal) y también, que se elimine la supervisión y participación ciudadana. A esta actitud se le denomina en lenguaje llano: escurrir el bulto.
