México.- En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) lo advertimos desde hace un par de semanas: que la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en materia de libre concurrencia y competencia económica, debía ser atendida en la reforma al Sistema de Pensiones, ello para no generar distorsiones en el mercado de AFOREs. Sin embargo, esto no ocurrió.
Respecto a la reforma, en la Confederación Patronal fuimos firmes impulsores de la necesidad de incrementar la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5% más cuota social, a 15% incluyendo dicha cuota, elevando la aportación patronal de 5.15% a 13.87%. Este es un esfuerzo muy importante del sector empresarial que deja de manifiesto nuestro convencimiento de concretar una reforma positiva, que lograse incrementar el monto de la pensión que reciben los beneficiarios.
En la COPARMEX coincidimos en que las comisiones debían continuar en una tendencia decreciente, pero no a través de un mecanismo de control de precios intransigente, inflexible, que no se ajusta a criterios técnicos y que no atiende a la realidad nacional, ya que toma en consideración el promedio aritmético de las comisiones cobradas en otros países (Colombia, Chile y Estados Unidos).
Por mencionar una grave deficiencia de ello, es que el sistema en EE.UU. carece de cuentas individuales. Asimismo, los topes se incluyeron fuera de los elementos negociados con el sector privado y por sorpresa. De hecho, según información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las comisiones de las AFOREs han tenido una tendencia a la baja en los últimos años, como puede apreciarse en el siguiente gráfico:
Esta reforma que trastoca las comisiones, es perjudicial, porque distorsiona al mercado. Es muy preocupante que varios fondos privados de pensiones, que gestionan alrededor de 4.5 billones de pesos, ya no podrían operar y terminarían reduciendo las opciones disponibles para los trabajadores, con el consecuente deterioro en la competencia, dada la concentración en menos administradoras e inhibiendo la entrada de nuevos oferentes.
Aunado a lo anterior, los controles de precios son dañinos, porque provocan una brecha entre oferta y demanda, en este caso de un servicio financiero, deteriorando la calidad de los productos que se ofrecen y propiciando la aparición de mercados negros.
Además, la reforma atenta contra los compromisos asumidos por México en diversos tratados comerciales internacionales, incluido el recientemente suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la Alianza del Pacífico; y, al mismo tiempo, contraviene disposiciones legales nacionales, lo cual podría desencadenar una andanada de litigios y amparos.
En COPARMEX creemos que esta reforma debe enmendarse de inmediato para evitar que sean afectados los ahorradores y su calidad de vida en el futuro. Se debe utilizar una fórmula flexible que tome como variables el número de cuentas, los saldos que se administran en cada sistema, las condiciones económicas en México, el rendimiento histórico de las AFOREs, y asumir de forma referencial -más no definitiva- las comisiones cobradas en otras naciones, que cuenten con parámetros comparables.
Para mejorar las pensiones en México se debe propiciar que se ahorre más, que se faciliten las condiciones de acceso (bajar el número de semanas), y que los rendimientos incrementen. Los dos primeros requisitos se cumplen de forma adecuada con la reforma, no obstante, no se garantiza que se mantengan rendimientos positivos, como el alcanzado durante los últimos 23 años, equivalente al 11% de rendimiento anual promedio.
Los avances alcanzados a través del incremento en las aportaciones a los trabajadores no debe mancharse por un despropósito como la imposición de topes artificiales y distorsionadores a las comisiones de las AFOREs. Esta medida perjudicial para el Sistema de Ahorro para el Retiro debe ser corregida.
Por último, en la COPARMEX insistimos que los mecanismos de Parlamento Abierto implementados en el Congreso de la Unión, deben cumplir con su propósito de escucha, de análisis y de enriquecimiento de las propuestas legislativas. Debe evitarse que terminen siendo una simulación para cumplir con un requisito de procedimiento o formalidad. La opinión del sector privado debe ser atendida para subsanar graves deficiencias técnicas y decisiones contrarias al interés nacional.
Con información de Coparmex
