Rubén Cortés.
Un mes después de declarar al Ejército como criminal de “lesa humanidad” en el régimen populista de Venezuela, la ONU alertó al régimen populista de México por la expansión del rol que está dando a las Fuerzas Armadas en todos los sectores de la sociedad.
Quien lo avisa en nombre de la ONU sabe en que acaban los países que entregan todo al Ejército: la chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien fue presa y torturada por los militares durante la dictadura de Pinochet.
Sin embargo, bajo el gobierno en curso en México ya la mesa está servida para que el Ejército capture a la administración civil, impulsado por la disposición del presidente de la República y el apoyo de los ciudadanos.
El mandatario desata la militarización al encargar al Ejército la seguridad interior y modificando las leyes para infiltrar de militares a las instituciones civiles, bancos, la construcción, la salud, las aduanas, las campañas de vacunación.
Y los ciudadanos, según mide Mitofsky el nivel de confianza de los mexicanos en las instituciones, pues la que más crece es el Ejército: en primer lugar, seguido por la Guardia Nacional y la Policía; mientras partidos, senadores, diputados y sindicatos son últimos.
Es decir, los mexicanos quieren a los militares y desprecian a los políticos y los dirigentes sindicales que, también, hacen política. En resumen: México tiene todo listo para la instauración de un gobierno autoritario que secuestre a las instituciones civiles.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lo ha entendido claramente, pues además de conocer en carne propia a lo que conduce la militarización de un país, ella fue secretaria de Defensa en Chile, además de presidenta de la República.
“Al haber sido yo misma ministra de Defensa entiendo que las fuerzas armadas pueden tener un rol importante en muchos asuntos, pero tienen que ser guiadas por civiles. Son los políticos quienes tienen que dar las órdenes”, recalca.
Bachelet, tras un año de investigación y un informe de 443 páginas, acaba de considerar como responsables de crímenes de lesa humanidad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su número dos y a la cúpula militar que lo mantiene en el poder.
Sin embargo, México votó en contra del informe de Bachelet, que fue llevado a votación y aprobado por la mayoría de las naciones el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra.
El aviso es de terror, eh: el gobierno mexicano se entrega al Ejército y aprueba que este se exceda criminalmente en Venezuela, y los mexicanos aprecian al Ejército por encima de las instituciones civiles.
Malos augurios.