Francisco Garfias.
Se vienen “cosas fuertes” en la Auditoría Superior de la Federación, encargada de fiscalizar los recursos de la hacienda pública federal.
El 20 de febrero del año próximo deberá quedar lista la Cuenta Pública del 2019 (primer año gobierno de AMLO.)
Sabemos que la pandemia ha servido como pretexto a varias secretarías federales, gobiernos estatales, municipales, tribunales, universidades, organismos autónomos, para no entregar información sobre el uso de recursos públicos.
A los morosos ya se les puso un ultimátum. Tienen hasta el 31 de diciembre para entregar la información o, de lo contrario, los van a “observar” al 100 por ciento, aseguran fuentes de ese órgano de la Cámara de Diputados.
Sólo en casos de debidamente justificados se recibirá información en el mes de enero.
La mayoría no ha entregado la información por “irresponsabilidad”, nos aseguran en la ASF. “Se tienen que poner las pilas no sólo los de la 4T, sino los estados, los poderes…”, advierten.
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Ya que estamos. Hay dos casos “sui generis” que va a fiscalizar la ASF. Uno tiene que ver con la Concanaco y los recursos públicos que recibió del desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo de Emprendedor.
El otro con cuentas del INFONAVIT 2017-2018 que no han podido ser auditadas porque el Instituto se amparó, so pretexto que no recibe recursos públicos sino privados.
El asunto escaló hasta la Corte. Pero la Segunda Sala determinó que Infonavit sí puede ser auditado y que las facultades de la ASF no están limitadas a los recursos que integran la hacienda pública federal, sino que comprenden el patrimonio de entes públicos, entre ellos los organismos descentralizados.
Hay que recordar que en febrero de este año, la FGR recuperó 2 mil millones de pesos de un supuesto desvío desde el Infonavit a una empresa privada, ocurrido en la pasada administración.
Hasta circo hubo. El fiscal Alejandro Gertz Manero entregó un cheque por esa cantidad al presidente López Obrador, en una de las mañaneras.
El dinero se llevó a la caja del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y su destino final sería el pago de premios de la famosa “rifa del avión” que no se rifó y que tampoco pueden vender, según confesó ayer el propio AMLO.
Una pregunta antes de cambiar de historia: ¿Qué hacían el martes los consejeros de Pemex en la ASF? ¿Qué le habrán dicho a su anfitrión David Colmenares?
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Morena y sus aliados en el Congreso son como Gabino Barrera. No entienden razones, ni dimensionan los riesgos de lo que aprueban.
Es el caso de la reforma que obliga al Banco de México a comprar dólares en efectivo –u otras divisas extranjeras— que no hayan sido captados por la banca comercial.
El argumento es eliminar elementos que limitan el sano flujo de divisas (léase remesas o divisas por turismo principalmente), pero también generar un esquema financiero de intercambio y circulación más adecuado.
Para ponerlo en palabras más coloquiales de Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en la Cámara alta, esta reforma pretende repatriar los dólares a Estados Unidos.
Pero también que el Banco de México pueda, potestativamente, incorporar los dólares captados a las reservas del país.
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El dictamen aprobado, sin embargo, llevó a los responsables del Banco Central a arquear las cejas. Ven riesgos de que Banxico, garante de la estabilidad financiera, se convierta en caja de dinero de procedencia ilícita.
Eso podría acarrear sanciones de la GAFI (agencia antilavado), La Fed (Banco Central de Estados Unidos), o el Tesoro, si observaran en la “panza” del Banco Central dólares de origen sospechoso.
El senador independiente, Emilio Alvarez Icaza, lo puso en blanco y negro: “pueden convertir el Banco de México en una gran lavadora. Es peligrosísimo…”
La iniciativa, además, es violatoria de la autonomía del Banxico, consagrada en el Artículo 28 de la Constitución, según funcionarios del propio Banco Central.
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Datos interesantes los que dio Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su primer informe de gestión.
A diferencia de lo ocurrido con otros entes del estado, la pandemia no frenó las actividades del Tribunal. Los “justiciables” –como los llama— ingresaron demandas cuya cuantía alcanzó en el 2020 un valor de 835 millones de pesos.
La nueva versión de Juicios en Línea –ya opera en 14 salas del país– hizo posible que no se frenara la impartición de justicia, según Anzures.
FIN.
