Francisco Garfias.
Germán Martínez quería hablar de los riesgos que implica el excesivo empoderamiento del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Un empoderamiento, dice, que se deriva de la Reforma Judicial aprobada a finales de noviembre por el Senado.
El senador de Morena nos asegura que Zaldívar “litigó” desde la Suprema Corte para evitar que se adicionara a su proyecto una propuesta para separar las presidencias de la Suprema Corte de Justicia y la del Consejo de la Judicatura.
Hoy la misma persona (Zaldívar) ocupa ambas presidencias.
Poco importó a los senadores la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la conveniencia de separar los dos cargos; o el voto en abstención del presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca.
Mucho menos la reserva que metió en el debate la priista Beatriz Paredes en el mismo sentido.
El cargo no se separó.
“Desde 1917, ningún presidente de la Suprema Corte de Justicia ha tenido facultades de nombrar a 300 magistrados, como la tendrá el ministro Zaldívar”, sostiene Germán.
Y lamenta que la oposición haya perdido la oportunidad de parar la reforma, evitando que se reuniera la mayoría calificada para aprobarla.
“Le regalaron ese poder (A Zaldívar)”, sostuvo.
“Esos 300 magistrados van a revisar la constitucionalidad de los gobernadores, los actos de gobierno, las leyes de los congresos de los estados, las decisiones de los tribunales. Hasta los de la 4T lo van a lamentar”, vaticinó.
Jura que Zaldívar tumbó foros, incluido uno que iba a ser en el Senado para evitar que se le modificara una coma a su proyecto redactado por Felipe Borrego y Miguel Carbonell.
La reforma la firmó el presidente López Obrador.
La minuta no ha llegado a la Cámara de Diputados, a pesar de que fue aprobada el 27 de noviembre.
Antes de enviarla tiene que regresar a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado para que se revisen las “correcciones” que “cantó” Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta, luego de la votación.
Pero a las comisiones no las han convocado, puntualizó.
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Un desesperado SOS nos envió Esteban Enríquez España, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la región sureste.
Tiene que ver con la decisión de CENEGAS de no suministrar gas natural a la empresa privada Braskem Idesa, ligada a Odebrechrt.
España nos dice que están amenazados empleos. Inversiones, una derrama de mil millones de pesos anuales en esa región, amén del ambiente de incertidumbre que genera.
“Ahuyenta cualquier posible inversión que se pueda dar, mientras se promueve el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, puntualiza.
Braskem Idesa representa también 850 empleos directos, bien remunerados, y casi 3 mil empleos indirectos.
En CCE no están ajenos a los señalamientos de corrupción que se le han hecho a la empresa, pero destaca que el cuestionado es en el contrato de etano y no en el de gas natural.
“No defendemos ese contrato, sino la operación de la planta. Hay que buscar una solución rápida que permita volver a operar el complejo”, remató.
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“¿Es una broma?” Preguntó el ex secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, cuando preguntamos sobre la postulación del doctor Hugo López Gatell a la Medalla Belisario Domínguez. Más bien debería ser postulado para un proceso penal, sugirió mordaz.
“Somos uno de los países que peor ha gestionado la pandemia, donde más personal sanitario ha fallecido”, puntualizó el hoy emecista.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima condecoración que otorga el Senado a los ciudadanos eminentes.
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Desde el 20 de noviembre pasado la comunidad politécnica espera la designación de su nuevo director general. Rumores van y vienen. Nombres se repiten.
Se menciona a eternos candidatos, como Oscar Escárcega Navarrete o Joel Ortega Cuevas. Otros que no están ligados a ningún grupo en el poder. Es el caso del académico Marco Antonio Flores Sánchez.
El nuevo titular del IPN se quedará tres años en el cargo. La decisión de quien llegará le pertenece al presidente López Obrador.
FIN
