México.- La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, se pronunció por modificar la minuta sobre marihuana que envió la Cámara de Senadores, para realmente beneficiar a los mexicanos.
En un comunicado, indicó que por una parte no se despenaliza su consumo ni siquiera para fines medicinales y, por otra, sólo beneficiaría a grandes empresas mientras aún criminaliza a consumidores y pequeños productores.
Juárez Piña agregó que además mantiene a la hierba como fuente de inseguridad pública en lugar de prevenir su adicción.
Consideró necesario modificar la minuta específicamente en cuanto a cantidad portable y permisible, requisitos y sitios donde se puede fumar, uso medicinal de sus derivados, definición de instancias facultadas para su regulación y el uso de recursos públicos para la prevención y atención médica que se generen por su producción y comercialización.
Al participar en las audiencias públicas que organizaron las comisiones de Justicia, Salud y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con más de 60 expertos en el tema, se pronunció por hacer que la reforma sobre la marihuana se apegue al principio indicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, ya que según este, la nueva regulación en la materia debe favorecer el libre desarrollo de las personas, pero también su responsabilidad, en la toma de decisiones sobre su vida privada.
“Consideramos que, si queremos una democracia favorecida, debemos de garantizar también la participación y no podemos seguir implementado políticas cuyo resultado final sea la restricción de la responsabilidad en la toma de decisiones, en cualquiera de los ámbitos de la vida privada de las personas”, comentó.
En tal sentido consideró que restringir a 28 gramos la marihuana portable y condicionar una cantidad mayor a un permiso so pena de enfrentar sanciones administrativas y penales es incorrecto.
Lo mismo, señaló respecto a las limitaciones para los clubes y fumaderos cuyos dueños y usuarios, así como los pacientes que requieren derivados del cannabis con fines terapéuticos, pues quedan expuestos a arbitrariedades de la autoridad.
Consideró preocupante que en la minuta del Senado se siga facultando como reguladoras del mercado a las autoridades policíacas y ministeriales, y no a las de salud, pues con ello se insiste en utilizar al sistema penal como un instrumento para atender el fenómeno de las drogas.
En cuanto a las competencias de diversas autoridades, Juárez Piña cuestionó que sean las federales, a través del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, las únicas facultades para emitir autorizaciones, mientras que se delega en las locales la verificación, sanción administrativa y persecución penal, salvo cuando el ilícito involucre a la delincuencia organizada.
También calificó como preocupante el que en la minuta del Senado se pretenda beneficiar a las grandes empresas por encima de los pequeños productores, pues también criminaliza a éstas, genera competencia desleal a favor de las empresas transnacionales y les garantiza grandes ganancias.
Se pronunció porque los recursos públicos que se generen para el Estado por esta actividad se etiqueten para construcción y operación de hospitales y escuelas, así como para la instrumentación de programas de prevención de las adicciones dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, pidió a los demás grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados considerar que la Organización de Naciones Unidas (ONU), ya eliminó al cannabis de la categoría de drogas más peligrosas.
Con información de la Cámara de Diputados
