José C. Serrano.
El 6 de mayo de 2019, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en conferencia de prensa, justo a los 100 días de asumir el cargo en la dependencia, dio a conocer un informe en el que mencionó su propósito de cambiar profunda y realmente la herencia que le dejó la Procuraduría General de la República (PGR); prometió acabar con el modelo tan negativo aplicado a la procuración de justicia, el cual ha estado al servicio del poder político y económico y en contra de los derechos humanos más elementales de la ciudadanía.
El fiscal reveló que, tras una revisión minuciosa del inventario recibido, se encontró un rezago injustificado de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver.
Se descubrió que el promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas no alcanzaba más de 5 por ciento del volumen total de asuntos tramitados.
Dicha revisión arrojó que tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación turnadas a cada Agente del Ministerio Público (AMP), pasando de asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como mil casos para una sola persona hasta numerosos AMP que no tenían asignada carpeta alguna o averiguación previa.
Se corroboró que no existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.
Para quienes se han dado a la tarea de analizar dicho informe han expresado que es importante dar seguimiento a lo que sucede con estos casos, pues no han dejado de acarrear acumulación que, además, puede traducirse en la indeseable impunidad. Para los más optimistas, desfacer este entuerto tomaría tres años; los no tan optimistas fijan un plazo de 13 años.
El fiscal Gertz Manero, en la conferencia de prensa del 6 de mayo de 2019 expresó, metafóricamente, que no fue un elefante reumático lo que encontró en las áreas de trabajo de la Fiscalía, sino un mastodonte paralítico. De ese tamaño es el desmadre que le heredaron los exprocuradores de sexenios pretéritos.
En otro escenario, el viernes 27 de noviembre en su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR dar mayor celeridad a las investigaciones que tiene en curso, particularmente las relacionadas con Odebrecht, pago de sobornos para comprar votos a favor de la aprobación de la Reforma Energética y la Estafa Maestra. Expresó que debe aplicarse el principio de justicia expedita.
El jefe del Ejecutivo manifestó que lleva tiempo reunir pruebas, escuchar a testigos, llamar a comparecer a los involucrados. “Ojalá que no se tarden tanto”, expresó.
Es ineludible recordarle al primer mandatario que, antes, mucho antes de Rosario Robles Berlanga, Luis Videgaray Caso, Emilio Lozoya Austin y Emilio Zebadúa González, han quedado sin resolver decenas de miles de casos de personas desaparecidas. Para ellos no se ha solicitado la aplicación del principio de justicia expedita.
