Francisco Garfias.
Lilly Téllez salió indignada del salón de sesiones en el Senado mascullando que la eliminación del fuero al presidente, aprobada ayer por el pleno, es pura simulación. “El único fuero que cuenta en este país es la protección del presidente”, nos dijo.
Otra panista, Xóchitl Gálvez, piensa exactamente lo mismo, sólo que lo expresó con un lenguaje mucho más popular “¡Es una mamada!”.
El PAN ya había dado color en tribuna sobre la pretendida eliminación del fuero. El senador Damián Zepeda dijo:
“Yo renuncio a la senaduría si alguien me demuestra que el presidente de la República, con este dictamen, va a ser juzgado como cualquier ciudadano”.
Y es que el dictamen aprobado establece que para procesar al presidente, como a cualquier ciudadano, hay que acusarlo ante la Cámara de Diputados; y ésta ante el Senado, convertido en jurado.
“¿A poco a los ciudadanos los juzga el Senado? No. A los ciudadanos los acusa un ministerio público ante un juez; y el juez dice si eres culpable”, destacó Zepeda.
Con eso desbarató el argumento central del morenista Martí Batres quien sostiene que la reforma constitucional aprobada representa un avance.
“Con esta reforma se plantea que el presidente pueda ser juzgado por todos aquellos delitos por los que podría ser juzgado un ciudadano…”, aseveró.
Es cierto que en la Carta Magna se amplió el catálogo de delitos por los que el presidente puede ser juzgado, sólo que en su caso no hay MP, ni juez.
Pero también lo es el hecho que en las futuras administraciones –no en la 4T– puede ocurrir que el presidente sea de un partido y la mayoría en el Congreso de otro. Allí sí hay avance.
Se aprobó también eliminar el fuero para diputados y senadores, pero aquí sí hubo unanimidad.
***
Rosario Robles se prepara para acogerse al criterio de oportunidad. Sabemos que entre los documentos que presentará está un oficio que firmó en enero del 2017, en su calidad de titular de la Sedatu.
En ese oficio instruye a sus subordinados para que se adopten las medidas que eviten convenios con entes públicos, al amparo del artículo primero la Ley de Adquisiciones. Y urge que no se realicen pagos bajo esa figura jurídica.
El documento se utilizará como prueba para desacreditar la acusación de su ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, en el sentido de que recursos públicos se desviaron desde la Sedatu hacia la campaña de José Antonio Meade, en el 2018.
***
Vaya espectáculo que dio el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, al rehusarse a utilizar el cubrebocas en la sesión del Consejo General del INE.
Para justificar la negativa a respetar los protocoles que impone la pandemia, argumentó que se le quiere aplicar mordaza; y que el cubrebocas le impide tomar agua.
Su terquedad, que algunos atribuyen a la necesidad de desviar la atención sobre el tema de la violencia de género que lo tenía allí, llevó a los integrantes del Consejo General del Instituto a dejarlo sólo y sesionar virtualmente sobre el caso.
Gerardo asistió como representante legislativo del PT para defenderse de las acusaciones de ejercer “violencia de género” en contra de la diputada federal del PAN, Adriana Dávila.
Y es que en un acto, realizado en el Congreso de Tlaxcala en octubre del año pasado, vinculó a la legisladora azul con la trata de personas.
“Me dicen que hay una diputada, que fue senadora, está vinculada a ese tema, y que es más bocona que la chingada. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca…”
Estas palabras llevaron a la legisladora a poner una denuncia en el INE por violencia política de género, a pesar de que Noroña se vio obligado a reconocer públicamente que no tiene elementos para sostener que está vinculada a la trata de personas.
El INE determinó que sí hubo violencia de género, pero Gerardo se libró quedar registrado en el padrón de agresores que lo inhabilitaría para ser postulado para la elección del 2021.
La ofensa contra Dávila la cometió antes de que se aprobara la Reforma por la que se creó el registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres.
***
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa rompió la cadena de subordinación a la que están sometidos los órganos autónomos en la 4T.
Le asestó un revés a la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval.
Concedió suspensión a Laboratorios Pisa y Dimesa –vetadas por AMLO- contra la inhabilitación por dos años y medio impuesta por la Función Pública.
La suspensión congela la multa de 2.3 millones de pesos que impuso esa Secretaría a las dos empresas, el mes pasado.
En el TFJA nos aclaran, sin embargo, que la suspensión es una medida cautelar que no prejuzga el fondo del asunto.
FIN.
