Raúl Flores Martínez.
Un buen periodista debe de entender en la actualidad que su información, puede ayudar en un caso o arruinarlo con la violación del debido proceso.
Algo que está sucediendo en La Paz Baja California Sur, se deriva de un accidente donde dos personas pierden la vida; dos periodistas que con la inocencia de los estudiantes de la Universidad, ponen nombres y edades de los occisos, peor la filtración de las investigaciones de la Procuraduría del Estado.
Dentro de las notas difundidas en los portales “La Tribuna de la Paz” y “Diario El Independiente”, se da a conocer que Alfredo Rembao, dedicado a la seguridad industrial, dio declaraciones que hasta un mal abogado utilizaría para que un juez diga que hay una violación al debido proceso.
“En la necropsia y documentos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) que levantaron fe del percance, no viene el nombre de la empresa. Las investigaciones y documentos obtenidos por el investigador en seguridad industrial contactado uno de los finados conforman un expediente que pretende evidenciar la forma en que el accidente fue ocultado por los contratistas”.
Para los periodistas que hacemos coberturas en temas de Seguridad, Juzgados y Tribunales, sabemos que nunca se da este tipo de declaraciones, sobre pruebas obtenidas de manera ilegal de la Procuraduría o Fiscalía del Estado.
En un juicio, se le obligará a Alfredo Rembao a que de a conocer el nombre del o de los funcionarios de la Procuraduría del Estado que le dieron los documentos a cambio de unas monedas, lo que ya es una violación al debido proceso y se desecha todo tipo de acusaciones.
Una de las teorías que manejan algunos doctores en derecho penal, es que algunos “investigadores”, “trabajadores” o “asesores” reciben dinero de las empresas afectadas para que hagan declaraciones que serán reproducidas por los medios con la finalidad de invalidar cualquier investigación, bajo pretexto de violación al debido proceso.
En este caso el investigador de seguridad industrial, Alfredo Rembao dio una declaración que da pie a que la Procuraduría estatal, inicie una investigación por filtración de documentos oficiales por parte de las funcionarios de la Institución, a quienes se les podría juzgar por corrupción.
