Rubén Cortés.
La economía mexicana no se recuperará con la vacuna antiCovid-19: será imposible, porque estaba hundida antes del Covid-19, debido a que el gobierno frena la inversión de particulares para dotar al presidente de un poder sin contrapesos de la sociedad civil.
Por eso es errado pensar que el avance hacia la ruina económica es por impericia del Jefe del Ejecutivo. Al contrario: es resultado de su pericia, para impedir que el poder económico incida sobre el político y lleve mano en la conducción del país.
El mandatario avisó desde hace 20 años que quiere transformar a México y lo está logrando en casi todos los sectores de la vida nacional, pero prioriza la economía para que el Estado la tome totalmente, dejando meter el pico a unos pocos empresarios amigos.
De hecho, en su informe de gobierno, resaltó que como parte del inicio de la Cuarta Transformación:
“Ya es un hecho la separación entre el poder económico y político. El gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y librepensadores, así como a todos los mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, origen, nivel educativo y posición socioeconómica”.
Por eso dio jaque al empresariado cancelando el aeropuerto de Texcoco, tirando a la basura 200 mil millones, a sabiendas de que se iba a desacelerar la economía mexicana por décadas, pero a sabiendas de que sacaría del juego al empresariado por décadas.
Por eso mató la reforma energética, aunque el Estado mexicano tenga que tirar a la basura cinco mil millones de dólares al año en Pemex para así impedir que los privados exploren y extraigan petróleo.
Para cerrar el paso a los particulares en Pemex, tiene que meterle a Pemex dinero de otras partidas del gobierno, pero no le importa, pues no quiere particulares ahí, aunque la exploración y extracción de éstos le reportaría 80 centavos por cada dólar de crudo obtenido.
En el primer semestre, Pemex perdió 2.3 millones de pesos por minuto, sus ingresos cayeron a menos 45 por ciento y al final de 2020 únicamente reportará 400 mil millones de pesos, del billón de pesos que esperaba vender, según Hacienda.
Pero ese es el precio que decidió pagar el presidente para separar al poder económico del político, en la idea de que la planta productiva del país esté totalmente en manos del Estado, admitiendo sólo una escasa participación de particulares.
Se trata de la oligarquía de ocho empresarios que llevó a Washington a cenar con Trump, a los cuales otorga a dedo la mayoría de las obras públicas. Por cierto, cuatro de esos empresarios privilegiados son dueños de medios.
Lo que indica que al presidente le puede interesar más la propaganda que la economía.
