Rubén Cortés.
Nadie tendría derecho a juzgar el acuerdo de la defensa de Rosario Robles con el gobierno para que su clienta salga libre por decir, entre otras declaraciones, que en 2006 hubo un complot para impedir que el actual presidente perdiera las elecciones.
Nadie (hay que insistir), salvo que haya predicado con el ejemplo: no se puede criticar a un preso que diga todo lo que le exijan sus captores a conveniencia de éstos, si con ello vuelve a la libertad que gozan otros, más si existe una ley que se lo permite.
De criticar es el abuso del gobierno a esa ley (testigo protegido bajo criterio de oportunidad) para encauzar los juicios en favor de su narrativa histórica de manchar gobiernos anteriores, y la venganza política de quienes gobiernan contra quienes gobernaron.
La defensa le consiguió a Rosario Robles el criterio de oportunidad para brindar información sobre la denunciada red de secretarías de Estado, universidades públicas y sistemas de radio y TV públicos estatales para estafar de millones de pesos, en el sexenio pasado.
Los abogados Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio lograron que su clienta declare ante el MP Federal sobre supuestas conductas delictivas relativas a los presupuestos de diversas secretarías, en la “Estafa Maestra”.
Es de festejar que Rosario Robles salga de prisión, a la que nunca debió entrar, pues le inventaron una licencia de conducir falsa con un domicilio que no existe, y prohibieron llevar su juicio en libertad como faculta la ley para la acusación de “omisión de sus deberes”.
La oferta de ser liberada a cambio de denunciar a otros siempre estuvo en la mesa, pero Rosario Robles se negó, hasta que la presión incluyó el surgimiento de otros cargos como hongos después de la lluvia: lavado de dinero, delincuencia organizada.
Pero la cereza del pastel de la oferta de libertad a Rosario Robles es que revele detalles de los videos grabados al ex secretario particular del hoy Jefe del Ejecutivo recibiendo dinero y que forman parte de lo que el actual gobierno llama “fraude electoral de 2006”.
En la propaganda oficial del grupo de poder que ganó las elecciones de 2018 es esencial demostrar que el grupo de poder que predominaba en 2006 le robó los comicios presidenciales de aquel año, mediante una conspiración fraudulenta, un complot.
Y eso lleva a otro objetivo básico del actual grupo en el poder en México: desacreditar la política, por corrupta, para justificar la instauración de un sistema sin política, basado en el ordeno y mando, en la votación a mano alzada en la plaza pública.
Demostrar que la política es un estercolero que ya no merece la pena tener.
Que tiene que mandar una sola persona.
