Con el objetivo de que el Gobierno Federal atienda los efectos provocados por desastres naturales y cuente con mecanismos y apoyos directos para reconstruir la infraestructura social, de comunicaciones y transportes que resulte afectada, el senador Manuel Añorve Baños planteó reformar la Ley General de Protección Civil.
En la iniciativa, el legislador de la Fracción Parlamentaria del PRI urgió a que el Ejecutivo Federal instrumente un programa para la atención de fenómenos naturales graves, garantizando la suficiencia de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo establecido en el artículo 7 de esta Ley.
Señaló que los gobiernos Federal y de las entidades federativas deberán concurrir tanto en acciones como en la aportación de recursos, para la entrega de apoyos directos a la población afectada por catástrofes, así como para las tareas de reconstrucción que, en su caso, sean necesarias.
Se propone, dijo, que estos recursos sean considerados en una partida exclusiva en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para evitar la discrecionalidad en su ejercicio y garantizar la suficiencia anualmente.
Solo los que lo han perdido todo por una calamidad, subrayó, saben lo importante que es tener un gobierno responsable, que prevea contar con recursos económicos suficientes y disponibles, para hacerle frente a una desgracia.
Añorve Baños recordó que anteriormente, cuando se presentaban catástrofes, estaba el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para apoyar a las personas afectadas; su eliminación, no solo es socialmente irresponsable, es condenar a la zozobra y miseria a los damnificados por cualquier desastre natural.
Este tema no es de ideologías o de colores partidistas, es un asunto de humanidad y decencia, puntualizó.
El legislador de Guerrero enfatizó que no se busca rescatar el FONDEN, sino garantizar que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad de garantizar la seguridad de la población cuando se presente en el país catástrofes naturales como terremotos, huracanes y ciclones.
Insistió en que el gobierno debe apoyar a la población damnificada, reconstruyendo sus viviendas y otorgarle servicios básicos como agua potable, medicamentos, alimentos, ropa y artículos de primera necesidad.
Así como reconstruir carreteras, escuelas, clínicas, casas y edificios, mercados y demás infraestructura social dañada ante algún fenómeno natural.
El proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la denominación del Capítulo XVIII y los artículos 91, 92 y 93 de la Ley General de Protección Civil, fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.
