Jania Mier y Terán y Paloma Medina*.
Derivado de políticas estatales emprendidas hace algunos sexenios en México, nos hemos comprometido como país ante la comunidad internacional a tomar las medidas necesarias para la protección y cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, la omisión sistemática de los órganos estatales para establecer las políticas públicas con el objetivo de cumplir con dichos lineamientos, provocó la situación en la que nos encontramos, en donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) es incapaz de comercializar con uno de sus principales productos: el combustóleo.
Como consecuencia de las mencionadas omisiones a los reglamentos supra nacionales, el país se ha visto en la obligación de buscar formas para deshacerse del exceso del combustóleo. Ideas se proyectan hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que no solamente viola los tratados internacionales suscritos por nuestro país, sino que nos obliga a seguir produciendo y utilizando dicho producto altamente contaminante para el medio ambiente.
El combustóleo es uno de los principales petrolíferos producidos por PEMEX (representando más del 30% de los derivados de petróleo producidos) y su uso está destinado primordialmente a tres actividades: como combustible para barcos y buques, como combustible de plantas generadoras de energía eléctrica, así cómo para el uso industrial por parte de particulares.
El Estado mexicano, derivado de la creciente crisis ambiental a nivel mundial, el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, una reforma de jerarquía constitucional que establece las bases y parámetros en los cuales la actividad estatal en materia de energías se circunscribe a dos puntos clave: la protección y cuidado del medio ambiente en toda actividad estatal, al igual que en materia de electricidad con la implementación de energías limpias, además de la reducción de las emisiones contaminantes.
En una reforma de la Organización Marítima Internacional (OMI) al tratado “Reglas para Prevenir la Contaminación Atmosférica Ocasionada por los Buques”, firmada por nuestro país, a partir del 1 de enero de 2020, el límite de azufre permitido en el combustóleo paso de un 3,50 masa/masa a un, 50% masa/masa, un exceso de dicho componente en el combustóleo impide que se comercie a nivel internacional.
El estado mexicano ignoró sistemáticamente las medidas que necesitaban tomarse para que, terminada la vacatio legis de esta disposición, se tuvieran las herramientas necesarias para producir este petrolífero cumpliendo los requerimientos establecidos, causando un exceso del mismo en las reservas de nuestro país. Esto nos lleva a hacernos los siguientes cuestionamientos: ¿Qué medidas se están tomando para subsanar esta problemática ? y ¿Qué se está haciendo con el exceso de combustóleo?
La clave para entender dichas problemáticas es la CFE. De acuerdo con diversas fuentes, la producción de energía eléctrica a partir de combustóleo es demasiado costosa, por lo que no resultaba redituable para esta empresa estatal mantener dicho modelo de producción, sumado al hecho de el alto grado de contaminación ambiental que genera, la CFE optó por cambiar a un nuevo modelo productivo.
A pesar de este cambio, el 28 de octubre de 2019 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios publicados para el otorga-miento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados el 31 de octubre de 2014”, y el 15 de mayo de 2020 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”. Estas dos reformas tuvieron diferentes impactos: se volvieron prácticamente inservibles los certificados de energías limpias, los cuales servían como medios para incentivar la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables en México y se privilegia la producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles en las plantas de CFE.
De acuerdo con información consultada en el portal oficial de PEMEX, el precio del combustóleo mexicano ha caído abruptamente en el mercado, resultado de la falta de cumplimiento en los requerimientos a nivel internacional que lo vuelve un producto que no es comprado, ni vendido en el mercado internacional.
La CFE, mediante el oficio número DCO-048-20, el fecha 10 de febrero de 2020 solicita a la Secretaría de Energía (SENER) autorización para la asignación de 6 proyectos de centrales eléctricas de cogeneración en conjunto con PEMEX, los cuales se encuentran directamente relacionados con la utilización del combustóleo como materia para la generación de energía eléctrica.
El nuevo y principal -y probablemente único- comprador de combustóleo será la CFE, que si bien dada la caída de su precio en el mercado si representa una oportunidad de producción barata de energía eléctrica, causa impactos ambientales serios como la emisión de gases de efecto invernadero especialmente en aquellos con alta concentración de gases contaminantes, como el azufre, estos gases pueden ser transportadas en el ambiente y la exposición a los mismos es nocivo para la salud, debido a que ingresan directamente al sistema circulatorio a través de las vías respiratorias y generan todo tipo de afectaciones al cuerpo humano.
Por un lado tenemos las soluciones “de papel” a la problemática antes mencionada, que sólo postergan la hecatombe ambiental que tenemos en nuestras manos.
Por el otro ¿Qué hacer con un combustóleo que no puede venderse a nivel internacional y además genera altos índices de contaminación ambiental?, situación que afecta en un nivel económico a agudizar la dependencia entre PEMEX y la CFE, comprometiendo aún más la supervivencia de estas empresas estatales, cuyas medidas de producción no solamente son anacrónicas sino que además son insostenibles a largo plazo.
Este es un tema que debe ser discutido en el foro público. El acceso al medio ambiente saludable es un derecho humano que obliga al estado mexicano a respetar y promover su cumplimiento mediante la implementación de garantías que se traduzcan en acciones concretas que nos lleven a tener algo que toda persona en este país tiene derecho: a un medio ambiente verdaderamente sano.
*Coordinación de Sustentabilidad, Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, A.C., @consejoined
