José C. Serrano.
El emeritense Mario Ernesto Patrón Sánchez (Mario Patrón), licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana plantel Santa Fe (UIA) y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) plantel Ciudad de México, ha ocupado diversos cargos de relevancia relacionados con la protección de las garantías fundamentales.
De 2011 a 2013 fue presidente por Ministerio de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de 2014 a la fecha ha sido profesor en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la especialidad de Derechos Humanos; de 2014 a la fecha forma parte del cuerpo de investigadores y defensores en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).
El jueves 5 de noviembre reciente ha hecho pública la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia y Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, declarado por la Unesco a finales del año anterior. Dicha declaratoria refleja la creciente gravedad que esta problemática ha adquirido en contextos como el mexicano, donde las escuelas han sido convertidas en esferas de reproducción de violencias que no encuentran mecanismos suficientes de prevención, contención y gestión para su eventual desarraigo.
Dice Mario Patrón: “Las violencias en el entorno educativo son ciertamente multidimensionales y muy complejas de atender. Además, a lo que ocurre en los espacios escolares hay que sumar las violencias que se viven en sus familias y en el espacio público; así como la presencia de pandillas y grupos criminales en el entorno de las instituciones educativas, cuyos miembros, muchas veces son cooptados desde las escuelas; por ello es imprescindible actuar con urgencia en la construcción de la paz en medio de la actual crisis de inseguridad a escala nacional”.
Mario Patrón deja anotadas en la pizarra como tareas prioritarias la importancia del diálogo y la colaboración; la construcción de consensos y sinergias básicas entre los múltiples participantes en el proceso educativo; un monitoreo permanente de la aplicación de políticas públicas diseñadas para las comunidades educativas.
El mismo 5 de noviembre en la Cámara de Diputados fue aprobada una reforma para sancionar a padres, tutores, profesores o autoridades escolares que ejerzan cualquier clase de violencia contra menores de edad como forma de “corrección” que ponga en riesgo su integridad.
En el cambio al Código Civil Federal se definió que “la facultad de corregir no implica cualquier acto de fuerza o de violencia que vulnere la integridad física o psíquica de niñas, niños y adolescentes”; quien lo haga se hace acreedor a una sanción administrativa. Insuficiente, expresaron legisladores que conocen del tema.
Para sustentar su dicho expusieron: ” El castigo corporal es una práctica persistente durante generaciones, en la cual mediante lesiones físicas y castigos corporales se ha llevado a cabo una manera de ‘educar’, corregir o dirigir el camino; prácticas que, como un colofón indeseable, han llenado de temores e inseguridades a niñas, niños y adolescentes”.
En paralelo a la propuesta de Mario Patrón y la emitida por los legisladores, podría pensarse en la integración de un equipo interdisciplinario que atendiera esta tarea impostergable: psicólogos, pedagogos, sociólogos, y trabajadores sociales, sin empleo, serían bienvenidos; con una intervención profesional, pertinente ganan ellos y, sobre todo se intentaría lograr una corrección sin violencia.
