México.- Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, encabezados por Marcela Torres Peimbert, informaron que interpusieron este martes, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), una denuncia para que se investiguen posibles actos de nepotismo en la contratación de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), vinculados con su director general, Octavio Romero Oropeza.
“Revisando las bases de datos de Pemex, nos damos cuenta de que hay ocho casos comprobados de parientes en segundo y tercer grados (vinculados) con su director, lo cual constituye un acto de corrupción total y de nepotismo, pero revisando nos damos cuenta que son más de 14 casos”, indicó Torres Peimbert en videoconferencia.
Buscamos se investiguen los vínculos de parentesco como las contrataciones de las siguientes personas: se identificó como primos del director de Pemex, Julio Manuel Oropeza Andrade, con sueldo neto de 77 mil 186 pesos; Carlos Augusto Oropeza Núñez, 51 mil 297 pesos y Lorena de los Ángeles Correa Romero, 42 mil 301 pesos.
Se identificó a los sobrinos del funcionario Daniel Abel Oropeza Falcón con un sueldo de 34 mil 234 pesos y Pamela Oropeza Falcón, 97 mil 591 pesos; Ana Luz Flota Oropeza 139 mil 176 pesos; Patricia Oropeza Zurita, 37 mil 470 pesos y Luis Oropeza Zurita, 29 mil 097 pesos.
Así como, María de Lourdes Oropeza Roa, Rigoberto Martín Córdova, Alejandra Oropeza Méndez, María del Rocío Soto Mesa y Víctor Arispe Oropeza.
“Estamos pidiendo que se investigue esta ilegal designación de familiares directos hasta cuarto grado con el director general de Pemex”, reiteró.
Recordó que, en 2002, el entonces asambleísta del PAN, Federico Döring Casar, presentó una investigación denominada “el árbol de nepotismo”, que involucró a Octavio Romero Oropeza, en aquel tiempo Oficial Mayor de la administración capitalina por la contratación de 30 personas en la que se destacó el parentesco entre él y los empleados, “se ve que repite la dosis, porque no fue sancionado en su momento”.
Refirió que de acuerdo con el artículo 63 BIS de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comete nepotismo “el servidor público que valiéndose de las atribuciones y facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente designe o intervenga para que se contrate como personal de confianza, estructura, base u honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta en 4° de afinidad, vinculo de matrimonio o concubinato”.
Las sanciones a las que estaría sujeta una persona por estos actos de corrupción y de nepotismo, según los artículos 78 y 79 de dicha Ley, las faltas graves consisten en la suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días; una sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos por el servidor público o sus parientes consanguíneos e inhabilitación temporal que podrá ser de tres meses hasta 20 años dependiendo del monto de la afectación.
“Este grupo de diputados miembros del Grupo Anticorrupción (GAC) estamos solicitando formalmente a que la Secretaría de la Función Pública investigue y en su caso sancione estos graves actos de corrupción y nepotismo”, apuntó.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que la propia Función Pública, con su sistema de información, “hubiera estudiado lo que está ocurriendo por oficio, es decir, si aparecen los nombres, si ya te aparecen en algunos medios la descripción, pues que actuaran en consecuencia; pero esto quizá no ocurra así, por eso, es que de manera puntual se ha hecho esta denuncia”.
A su vez, la diputada Josefina Salazar Báez recordó que el presidente de la República comentaba que cuando él llegara a la Presidencia “la corrupción se iba a terminar y que no iba a ver nunca más nepotismo; sin embargo, vemos que su Gobierno está plagado de las mismas”.
En otro tema, expuso que hace un par de días, también interpusieron una denuncia ante la SFP respecto al caso del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), donde se presume de un contubernio con las empresas que resguardaban y alquilaban en los almacenes las joyas y los bienes decomisados por parte del Gobierno Federal y que fueron objeto de robo, extravío o también que se quitaban a las joyas las piedras preciosas.
“Nosotros señalamos la identificación de tres empresas a las que se les asignó un presupuesto por 907 millones de pesos, lo cual representa casi el 50% de esta secretaría y la mayor parte de estos recursos fue asignado de manera directa sin el proceso de licitación correspondiente a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A de C.V, al cual se asignaron 702 millones de pesos”.
Dicha investigación está en proceso, por lo que “daremos puntual seguimiento a la responsabilidad y, por supuesto, a las diligencias que dé seguimiento la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en esta responsabilidad que ella tiene”, apuntó.
“Esperamos que el presidente de la República demuestre con hechos que efectivamente él tenía ese compromiso de combatir la corrupción, empezando por lo que es su propia casa y comenzando con sus propios funcionarios”.
Con información de la Cámara de Diputados
