Guerrero.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifiesta su rechazo a cualquier reforma legislativa que constituya una regresión en los derechos humanos de las mujeres, por lo que insta respetuosamente al Congreso del Estado de Guerrero a garantizar el derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual a interrumpir legalmente su embarazo.
Existen numerosos instrumentos y recomendaciones internacionales dirigidas al Estado mexicano respecto de la necesidad de garantizar a las mujeres el acceso al aborto, entre los cuales se encuentran las recomendaciones que el Comité de la CEDAW emitió en el sentido de que se acelere la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el aborto legal, armonizándolas a la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 (NOM-046).
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la sentencia emitida en el amparo en revisión 601/2017, que la negativa de las autoridades para realizar el procedimiento médico para interrumpir el embarazo a una menor, a sabiendas de que éste era producto de una agresión sexual, constituye una violación grave a los derechos humanos. En este mismo sentido, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha señalado que las mujeres y las niñas se enfrentan a considerables dificultades para acceder a los servicios de aborto legal por las trabas administrativas y burocráticas, destacando que el denegar este servicio equivale a tortura y malos tratos.
Regular condiciones adicionales para tener acceso al aborto en casos de violación afectan principalmente a mujeres con escasos recursos que no pueden solicitar este servicio en otras entidades federativas, lo cual pone en riesgo sus vidas. De 2007 a julio de 2020 se han registrado 306 abortos realizados en la Ciudad de México a mujeres provenientes del estado de Guerrero.
Con información de la CNDH
