Rubén Cortés.
Con la captura por narco del exjefe del Ejército mexicano y una carta de congresistas por obstrucción a la inversión estadounidense aquí, grupos de poder en la geopolítica de Washington mandan dos mensajes de alarma por el actual gobierno mexicano:
Uno: Buscan detener el creciente militarismo que observan en su patio trasero, con la militarización de la seguridad interior y la modificación de leyes para infiltrar las instituciones civiles, con los militares metidos en bancos, construcción, salud, aduanas…
Dos: Están inquietos por la acelerada socialización de los medios de producción de su principal socio económico, que estatiza la economía, persigue a la inversión privada, otorga los negocios del Estado a dedo y crea una oligarquía de empresarios amigos.
Esos grupos de poder, que son transversales a cualquier gobierno que gane elecciones en Estados Unidos, no aprueban gobiernos militarizados ni economía con medios de producción controlados por el gobierno.
Son los grupos de poder que, con medidas recientes y recargadas, tienen del cuello a las únicas cúpulas militares que gobiernan en América Latina: Cuba, a 145 kilómetros de Florida, y Venezuela, que hasta 1999 era la democracia más estable de América Latina.
A Cuba le aplicaron sanciones económicas que la tienen en la ruina, porque reventaron a las fuerzas armadas, que gestionan el millar de empresas medianamente productivas en la isla en los estratégicos: remesas, turismo, azúcar, construcción y las industrias básicas.
Por ejemplo, prohibieron a las empresas norteamericanas hacer transacciones en negocios de remesas con empresas cubanas pertenecientes a las fuerzas armadas. Los cubanos de Miami mandan al año a la isla unos 33 mil millones de dólares en efectivo.
Esas remesas no van directamente a los cubanos, sino a cuentas bancarias en el exterior de las empresas controladas por los militares cubanos: dinero producido en Estados Unidos, pero que va finalmente para el Ejército cubano sin control ni supervisión.
Y a Venezuela la convirtieron en paria mundial al conseguir que la ONU considere al Ejército “asesino de lesa humanidad”, luego de que la Comisión Bachelet demostró responsabilidades individuales de los jefes militares en graves violaciones de derechos humanos.
Son Cuba y Venezuela, en coincidencia, aliados ideológicos del gobierno mexicano, que, al igual que Cuba y Venezuela, da a los militares un rapidísimo control de empresas, construcción, trenes, aduanas, sucursales bancarias, administración y finanzas, cárceles…
De hecho, el gobierno de México es el único que vota en contra de que el régimen de Caracas sea condenado en la ONU por violaciones de sus militares a los derechos humanos, y en la OEA por usar al Ejército contra los opositores.
Como sea, el mensaje a México está dado: meter al Ejército en la vida civil le traerá líos con Washington.
