Francisco Garfias.
El empoderamiento de las Fuerzas Armadas bajo los regímenes de Calderón, Peña Nieto y, sobre todo, López Obrador, ha sacado del clóset el fantasma de la militarización.
La fuerza castrense maneja la seguridad pública desde el sexenio de Felipe (2006-2012), pero a partir de la llegada del tabasqueño a Palacio, desempeña tareas que corresponden a civiles.
El Ejército construye hospitales, carreteras, sucursales bancarias, aeropuertos, transportan combustible de Pemex. Y más: ejército y marina controlan aduanas y puertos.
Tienen más presupuesto, más presencia, más poder que el primero de diciembre del 2018, por disposición de AMLO, quien resultó “todo un Amlover de la militarización, cuando ofreció lo contrario”, nos dice el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
Y más: “El problema es que luego no habrá quién meta al tigre a la jaula. ¿Quién les va a decir que ya no, sin que lo tomen como ofensa?”
No es el único que ve riesgos de que México avance hacia un estado militar. El panista Damián Zepeda está convencido de que para allá vamos.
El comportamiento autoritario del presidente alimenta esa idea. “Se comporta, en algunos momentos, de manera autoritaria, se pone por encima de la Ley, confronta, invade otros poderes. Cada día le entrega mas facultares a los militares en general”, puntualiza.
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El tema viene al caso porque ayer fueron aprobadas en el Senado modificaciones a tres leyes, para entregar a la Marina el control absoluto de los puertos mexicanos:
En adelante, la SEMAR podrá presupuestar y administrar los puertos, adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos.
Pero también tendrá bajo su responsabilidad la educación náutica mercante, el control de las telecomunicaciones, la inspección del cumplimiento de tratados internacionales, entre otras normas.
Durante el debate, la emecista Patricia Mercado hizo notar que el artículo 129 Constitucional establece que en tiempos de paz, el Ejército no intervendrá en actividades de carácter civil.
Allí esta la SCJN, pero los opositores ya no creen en ella
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Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para entregar el control de los puertos a los militares es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, su incorruptibilidad.
Este último argumento es endeble si tomamos en cuenta las gravísimas acusaciones que le hace Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio anterior: sobornos del narco a cambio de protección.
“La hipótesis de que no hay corrupción en las fuerzas armadas ha quedado desmontada con el proceso iniciado al anterior general secretario de la Defensa. No hay manera de que actuara solo ¿Se les olvidó Rebollo? ¿Acosta Chaparro? Preguntó Álvarez Icaza.
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El gobierno de la 4T tiene sed de recursos para enfrentar el 2021, que se perfila como un año complicadísimo. Quiere jalarlos de donde sea.
Sus empleados en la Cámara de Diputados –no podemos llamarlos representantes populares— aprobaron ayer desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar.
Con eso AMLO ya tiene otros 33 mil millones de pesos disponibles en la Tesorería para lo que se le ofrezca.
Lo peor: Legisladores de Morena y sus rémoras rechazaron etiquetar esos recursos para compra de vacunas contra el Covid 19 y otros temas de salud, ni siquiera con la oferta de la oposición de votar a favor del dictamen.
El fondo se conocía con el nombre “catastrófico”. Fue creado para atender enfermedades graves, como el cáncer. Ahora podría servir para apuntalar sus programas socio-clientelares. Nada lo impide.
La semana pasada, los “magos del Congreso” desaparecieron 109 fideicomisos que servían para apoyar a distintos sectores de la sociedad. Con su voto liberaron 68 mil millones de pesos
Expertos nos dicen que con estos recursos, el gobierno podrá respirar hasta finales de abril del 2021, cuando pueda recibir los remanentes de la operación cambiaria del Banco de México.
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Va un dato del Inegi sobre el año de la pandemia: Con respecto al primer semestre de 2019, la cantidad de cadáveres inhumados entre enero y junio de 2020 aumentó 20.2%, en tanto, la cantidad de cadáveres cremados o incinerados registró un aumento de 76.8 por ciento.
FIN.
