Rubén Cortés.
Un negociazo de la actual administración es el de sus procónsules en los estados: hicieron dos años de campaña gratis para ser gobernadores, con dinero que obtiene el gobierno de nuestros impuestos, pero que regalaron como si fuera de su bolsa.
Los “superdelegados” actúan sin supervisión de la sociedad, pues la autollamada Cuarta Transformación anuló a las organizaciones que hacían contrapeso a la administración federal con su escrutinio, aunque la mayoría trabajó para que este gobierno llegara al poder.
Así que este gobierno se mueve a su aire: sus representantes en los estados actúan sin fiscalización alguna de la ciudadanía, aunque ganan (de nuestros impuestos) un salario de 126 mil 617 pesos, y su gestión mensual nos cuesta dos millones 78 mil pesos.
La ausente inspección de la sociedad también provocó que este gobierno otorgue, a quien se le antoje, los contratos de las obras que pagan nuestros impuestos, a pesar de que la Constitución obliga a que los contratos tienen que ser por concurso público.
Pero por esa misma puerta se colaron los superdelegados para hacer carrera política repartiendo de su mano dinero de los programas gubernamentales, viajando en sus estados, apareciendo en los actos de entregas y promesas de obras y en medios.
Es decir, todos los recursos que necesita un candidato para ganar una campaña electoral, y que tendrían que salir del dinero que recibe Morena (como todos los partidos) para desarrollar sus actividades, y que es también dinero de nuestros impuestos.
Porque el dinero que gasta el gobierno sale de nuestro aporte a Hacienda, o de nuestro trabajo con los recursos nacionales para producir bienes: no existe tal cosa como “dinero público”. Todo es de nuestros impuestos y de los recursos nacionales.
De verificar lo que hacía el gobierno con nuestros impuestos se encargó en los últimos años la sociedad civil organizada, mediante el análisis y la denuncia, lo cual llenó vacíos que las instituciones gubernamentales no alcanzaban a cubrir.
Sin embargo, el actual presidente considera que “ya basta de que las organizaciones de la sociedad civil estén haciendo análisis de la realidad, sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas”.
Bajo ese manto actúan los superdelegados. Un caso emblemático es de Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, quien es la encargada de investigarlo por aparecer en decenas de anuncios promocionales con cargo al erario.
Hay videos los que funcionarios federales le dicen a los beneficiarios que la ayuda del gobierno que ésta les llega gracias a Sandoval, por lo que tienen que grabarse ese nombre para que voten por él.
Todo eso con endoso a los impuestos de los 68.4 millones que los pagamos.
Negociazo.
