Alejandro Zapata.
A todos nos agarró de sorpresa, la inesperada detención del General Secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda, por agencias norteamericanas a su llegada a aquel país, ha tenido un gran impacto que aún no terminamos de asimilar, la noticia cayó como balde de agua fría y nos vuelve a colocar en el ojo del huracán.
Desde hace años estamos catalogados como un país de alto riesgo, donde operan los carteles de la droga como empresas transnacionales, ingeniándoselas para introducir su producto a los Estados Unidos, obteniendo ganancias extremadamente lucrativas, corrompiendo autoridades de todo tipo y región.
Esas actividades obligaron a suscribir convenios de colaboración internacional a efecto de sumar esfuerzos para combatir con mayor eficacia los ilícitos provenientes del narcotráfico, sin embargo, en lo que a nuestro país se refiere, las organizaciones se diversificaron de tal manera, que han creado un clima de violencia inusitada, a la par de la infiltración en las instituciones de seguridad pública, que amenaza la seguridad interna.
El fenómeno es añejo, aunque en las últimas décadas ha sufrido alteraciones, por diversas razones, transformando sus estrategias operativas y ampliando sus redes de acción. Cabe añadir, haciendo un poco de historia que el gobierno norteamericano anualmente expedía un certificado sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en la materia, con la advertencia de consecuencias en caso contrario, hasta que se decidió retirar esa práctica y estrechar los esfuerzos en el combate.
Ahora nos encontramos con dos significativos procesos instaurados en contra de quienes ocuparon altos cargos en esas áreas: Genaro García Luna y recientemente el del General Cienfuegos, ambos con cargos de conspiración para exportar drogas ilícitas a ese país y lavado de dinero, acusaciones demasiado serias que pasaron completamente desapercibidas en México.
Los temas son profundamente delicados, tienen seguramente infinidad de variables y aspectos que deben observarse con sus debidas reservas, se irán desentrañando durante el proceso. El punto sensible va más allá, al advertir que el juicio en contra de estas personas también se proyecta a las instituciones del país, situación por demás preocupante.
En realidad, están acusando a servidores públicos que en su momento fueron los responsables de combatir a la delincuencia organizada, inclusive tenían las facultades para sentarse a la mesa con los encargados de esa función en el vecino país del norte, debido a ello, las acusaciones no son exclusivamente los cargos formales, sino encierra también la traición, que trasciende al prestigio, decoro y respeto de nuestras instituciones.
Esa situación amerita, independientemente de la administración de la cual hayan formado parte, una profunda, responsable y seria investigación del Estado mexicano, pues de ser ciertas las acusaciones, el comportamiento de los órganos encargados de procurar justicia en el país ha actuado con gran negligencia y si, por el contrario, no se encuentran motivos para fincar responsabilidades, es necesario llevar a cabo las acciones necesarias para evitar socavar a nuestras instituciones.
No se trata de una defensa a ultranza, lo que no es concebible consiste en que un país vecino haga el trabajo que a nosotros nos corresponde, ubicándonos como una Nación negligente, tolerante y corrupta y, por lo tanto, carente de confianza, mientras que aquí nos ponemos en el papel de meros espectadores, cuando debemos ser protagonistas en la construcción de un Estado de Derecho.
