Alejandro Rodríguez Cortés*.
Una de las responsabilidades torales del gobierno es establecer condiciones propicias para que sea la iniciativa privada -empresas y empresarios- quienes generen empleos, producción y riqueza.
No hay desarrollo posible sin actividad empresarial y eso lo sabe Andrés Manuel López Obrador, cuya retórica sin embargo ha colocado reiteradamente a los grandes emprendedores como los malos de la película: los explotadores, los socialmente insensibles, los privilegiados.
Más allá de la orientación social de las políticas públicas lopezobradoristas, una cosa es el discurso y otra la realidad. De hecho, recuerdo una relación funcional entre quien fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México y el sector privado capitalino, marcadamente con el hombre más rico de nuestro país, Carlos Slim, quien contribuyó a la modernización digital y al desarrollo inmobiliario de la metrópoli gobernada de 2000 a 2005 por el actual presidente de la República.
Como candidato presidencial, López Obrador machacó con el cuento de la “mafia del poder”, hombres de empresa incluidos, para llegar finalmente a Palacio Nacional. Él sabe que sin empresas exitosas nuestro país no irá a ningún lado y se hizo llegar de un consejo asesor donde confluyen dueños de varios de los consorcios más importantes de México.
Por eso sorprendió la absurda decisión de cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por eso la atonía ante tercas trabas a la inversión privada, y por eso también no dejan de llamar la atención las recientes declaraciones presidenciales: “a nosotros no nos interesan los negocios privados sino los negocios públicos” dijo el mandatario y remató: “el gobierno no es un comité de intereses privados”.
El presidente gusta decirle a sus simpatizantes lo que éstos quieren oír. Pero, insisto, la realidad es otra y los mexicanos necesitan empleos que no obtendrán en la burocracia de un gobierno que padece además anemia presupuestal. Y las transferencias sociales no serán, por definición, suficientes para generar crecimiento económico. Si acaso, nos convertiríamos en una economía de sobrevivencia.
No parece sensato que un gobierno agobiado por la recesión económica no sólo no destine recursos fiscales a apoyar a empresas agonizantes por la emergencia sanitaria, sino que mantenga un discurso antiempresarial.
¿A qué se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando llama a privilegiar negocios públicos? A su necia apuesta por Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. A seguir refinando petróleo crudo y quemando carbón para producir energía eléctrica.
No importa que se violen contratos legalmente constituidos. No importa ir en contra del Acuerdo de París del que México es parte. No importa si los congresistas estadounidenses, republicanos y demócratas, ya levantaron la voz ante lo que podrían ser flagrantes violaciones al nuevo tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá.
Inexplicable. Y más que la respuesta del presidente de la República sea que a él le pagan los mexicanos y no las empresas. Tiene razón en que se le paga, pero por llevar al país por la senda del crecimiento y no por la de la contracción y el empobrecimiento.
Olvida López Obrador que es su responsabilidad la viabilidad económica nacional, y que ésta pasa por la iniciativa privada. El sector empresarial que ahí está, pero no para comprar boletos de una rifa absurda, sino para que México tenga esperanza, la verdadera esperanza de México.
*Periodista, comunicador y publirrelacionista
@AlexRdgz
