Francisco Garfias.
Nos llegó copia de la carta de la Barra Americana de Abogados (ABA) dirigida al Presidente López Obrador.
La misiva está fechada el 20 de octubre en Chicago. Está firmada por Patricia Lee Refo, presidenta de esa Asociación.
Su contenido tiene que ver con presiones a personas físicas y morales en México, que supuestamente están en deuda con el fisco.
Pero también con declaraciones de altos funcionarios del SAT, que acusan a juristas nacionales de obstaculizar los objetivos de la 4T.
Cito textual:
“El gobierno ha pedido a personas o entidades que supuestamente no han cumplido con sus obligaciones fiscales, que se abstengan de buscar alguna representación legal.
“Les sugieren acercarse directamente al gobierno para ponerse al corriente con el fisco”.
La misiva afirma que la Procuraduría Fiscal ha iniciado, o amenaza con hacerlo, investigaciones de carácter penal, como parte de su estrategia de negociación para presionar a personas o entidades que, según el SAT, evaden el pago de impuestos.
“La Barra Americana se opone a cualquier acción que tomen los gobiernos para restringir el derecho de las personas a buscar asesoría legal para tener un juicio justo: o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto, través de los canales legales apropiados”.
Los abogados gringos dicen que estas acciones estén “en la brecha” de las nociones fundamenales del debido proceso y los derechos humanos que garantiza la Constitución y la CIDH, a la que pertenece México.
Rematan con un llamado al presidente para que garantice que su administración se someterá al Estado de Derecho.
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Los subordinados del presidente en el Congreso de la Unión no escucharon a los ciudadanos inconformes con la extinción de los 109 fideicomisos.
Se cuadraron ante la línea del hombre de Palacio, que no cejó en su empeño de eliminarlos, bajo pretexto de que son fuente de corrupción y de negocios turbios con la iniciativa privada.
Resguardados por vallas y batallones de granaderos que los protegían del pueblo bueno — se convierte en malo cuando no apoya los proyectos de la 4T— los legisladores aprobaron el polémico dictamen, que pone 68 mil millones de pesos a disposición discrecional de López Obrador.
El discurso oficial dice que van a ser entregados directamente a científicos, académicos, deportistas, defensores de derechos humanos, periodistas, artesanos y víctimas de desastres naturales.
Pero hay sospecha entre los opositores de que serán utilizados en otras tareas.
¿Alcanzarán para apoyar la lucha contra el Covid y mantener puntualmente los apoyos a esos sectores de la sociedad? No quiero ser pesimista pero el sentido común me dice que no.
Viviremos en el 21 la peor crisis económica desde los años treinta del siglo pasado (Arturo Herrera dixit). La recuperación económica sólo existe en la mente ilusoria del hombre de Palacio.
El dinero no alcanza. AMLO tuvo que romper su promesa de no aumentar la deuda pública.
En San Lázaro se aprobó ayer una solicitud de endeudamiento por 750 mil millones de pesos, como hizo notar el diputado del PRI, Fernando Galindo, secretario de la Comisión de Hacienda.
“El problema es que la deuda, como proporción del PIB, ya pasó del 45 al 55 por ciento, sin que haya habido un programa de estímulos para la economía”, puntualizó.
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Nos llegó una nota aclaratoria de la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, sobre comentarios que se hicieron en la mañanera, acerca de 73 millones de dólares que le habría hecho llegar el gobierno de Peña Nieto, a través de uno de los fideicomisos.
El señalamiento fue utilizado por la presidencia para ilustrar la supuesta corrupción que obligó a desaparecer los fideicomisos.
Lo primero que aclara la mencionada nota es que los recursos fueron entregados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y no tienen relación con fideicomiso alguno.
Lo segundo es que Josefina no los recibió, sino que el IME los entregó directamente a las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos.
“La participación de Vázquez Mota se limitó a propiciar la coordinación de las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos para detonar programas de apoyo”, dice.
Lo tercero es que esos recursos ya fueron auditados por la Auditoría Superior de Fiscalización, y por el Órgano Interno de Control de dicha institución.
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La historia de los fideicomisos no ha terminado. Gobernadores de la Alianza y senadores del Bloque de Contención convinieron en la presentación de una Controversia en la Suprema Corte.
Aunque ya sabemos que AMLO tiene muy buenos amigos entre los ministros.
FIN.
