México.- Al cumplirse 528 años de la llegada de los españoles al continente americano, el Gobierno de México hace un llamado para que las iniciativas y actividades que se realicen con motivo de esta fecha tengan presente la historia de resistencia y la lucha de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano por el reconocimiento de su dignidad y derechos inalienables.
Se trata de reconocer la deuda histórica con los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano como un acto de congruencia, humildad y respeto, con el propósito de reafirmar el compromiso de nunca más repetir las atrocidades y acciones de discriminación, racismo y exclusión en su contra.
La diversidad cultural y la pluralidad lingüística que representan los pueblos indígenas forman parte del patrimonio más preciado de la humanidad –como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)–, por lo que se reconoce y valora en esta etapa de transformación.
El Gobierno de México ha establecido una nueva relación con los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano –en este ejercicio de diálogo abierto, respetuoso y horizontal, convocado a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)–, en el que se reconocen sus reivindicaciones, luchas y resistencias históricas por preservar su cultura ancestral y formas de organización; por defender sus tierras y territorios, así como por fortalecer su autonomía y hacer valer sus derechos fundamentales.
Como parte de esta nueva relación, el gobierno federal trabaja de la mano con las autoridades municipales indígenas, electas por usos y costumbres, y reconoce su carácter jurídico y capacidad para recibir, administrar y ejercer directamente los recursos públicos, como sucede con la construcción de caminos de concreto hidráulico en el estado de Oaxaca.
Del mismo modo, por primera vez en la historia, en 2019 las autoridades de Santos Reyes Yucuná y Santa María Zaniza, Oaxaca, recibieron de forma directa 12 millones de pesos cada municipio, en tanto que Metlatónoc y Cochoapa el Grande, en Guerrero, 21.1 millones de pesos cada uno, con recursos recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Bajo el mismo esquema, en 2020 recibieron recursos de manera directa las autoridades comunitarias de Guelatao de Juárez, Oaxaca, por 57 millones de pesos, y Ayutla de los Libres –primer municipio que se rige por usos y costumbres en Guerrero– por 25 millones de pesos.
Se han realizado 152 sesiones de procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, llevadas a cabo en coordinación con las instancias encargadas de la ejecución de dichas obras.
Dentro de estos diálogos destaca la realización de 54 foros regionales de consulta para la reforma indígena y un foro nacional con representantes de los 68 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano que conformaron una comisión de seguimiento, con el fin de recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la iniciativa de Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, y sus correspondientes leyes reglamentarias.
Como acto de justicia social, el pasado 7 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió el decreto que constituye la Comisión Presidencial para la Construcción e Implementación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui de Sonora, donde se asienta el compromiso de implementar acciones integrales y responder, mediante el diálogo, a las legítimas aspiraciones de los ocho pueblos de la tribu yaqui sobre la tierra, el territorio, el agua y el desarrollo integral.
En la actualidad, los pueblos indígenas son parte fundamental en la planeación, implementación y seguimiento de las políticas públicas basadas siempre en el diálogo y en el acuerdo.
A través de los Programas de Bienestar se entregan apoyos directos con enfoque de atención prioritaria para garantizar su desarrollo integral, a fin de disminuir y erradicar las condiciones de marginación y pobreza que han padecido históricamente.
Estas son acciones afirmativas del gobierno federal para dar trato justo y preferente a los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano en reconocimiento a sus autoridades comunitarias y sus formas de organización tradicionales, a fin de impulsar el desarrollo y el bienestar de sus comunidades y garantizar su derecho a la libre determinación establecido en los tratados internacionales ratificados por México.
Rendir homenaje a las luchas y aspiraciones de los pueblos indígenas que demandan justicia, reconocimiento a su autonomía, reconstitución de su tejido social y bienestar, partiendo del pleno respeto a sus derechos fundamentales y su reconocimiento como sujetos de derecho público, es el llamado que se hace a los Poderes de la Unión y a la sociedad en su conjunto.
Este 12 de octubre es necesario reconocer que el concepto de “raza” proviene de antiguas ideologías desarrolladas siglos atrás para clasificar a los seres humanos a partir de la apariencia física, el color de piel y rasgos faciales, además de su origen cultural y social, elementos que han sido históricamente utilizados para establecer jerarquías sociales e, incluso, esclavizar a grupos de seres humanos.
La raza es una construcción social y no biológica, por lo que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa y socialmente injusta, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:
“…todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas.”
Y es que los pueblos indígenas son el origen de la diversidad étnica y cultural de nuestra patria.
En México existen 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano –establecido principalmente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca– que, en conjunto, suman alrededor de 25.7 millones de personas indígenas, así como 1.3 millones de personas afromexicanas, lo que representa el 22.7 por ciento de la población total.
Impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, tanto en el ámbito federal como el estatal, en especial su carácter de sujetos de derecho público y contribuir a su desarrollo integral y bienestar común, es una deuda histórica.
Fortalecer su economía, infraestructura y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, con respeto a su autonomía y formas de organización, son también medidas transversales que se deben implementar para revertir los índices de pobreza, marginación y discriminación que los pueblos han sufrido históricamente, pero, sobre todo, un acto de justicia y reconciliación.
Los pueblos indígenas son parte activa de la transformación de la vida pública nacional. Hoy el Gobierno de México trabaja para construir una nueva relación, partiendo del pleno respeto a la diferencia, a sus derechos fundamentales, y de su reconocimiento como sujetos de derecho público, y reafirma el compromiso del jefe del Ejecutivo federal:
“Daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados.”
Con información del INPI
