Alejandro Zapata.
Hace unos días escuché la propuesta del líder de los senadores de MORENA en la Cámara alta, argumentando que con una reforma a un transitorio de la Constitución se podría llevar a cabo la consulta ciudadana solicitada por el Presidente, con la idea de empatarla con la fecha de la jornada electoral, lo que implicaría un ahorro de ocho mil millones de pesos, que ni siquiera están presupuestados.
Esa postura, raya nuevamente en el descaro, no contentos en someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presiones de carácter político, ahora pretenden que la sombra del caudillo aparezca en las boletas, objetivo perseguido con insistencia desde el inicio.
Es un hecho público y notorio la inconstitucionalidad de la primigenia pregunta, asimismo la banalidad e incomprensible reparación que al efecto hizo la Corte, tratando de componer la plana al Ejecutivo a costa de un gran demerito institucional, que finalmente, ni siquiera es vinculatoria.
Sin embargo, se ha dicho hasta la saciedad que no se requiere hacer una consulta para ejercer una obligación inexcusable de cumplir la ley. Así, es dable afirmar que el resultado de la pregunta es completamente inocuo, carece de utilidad jurídica, pues los contenidos del cuestionamiento se encuentran en el ámbito de responsabilidad de quien ejerce el poder sin facultad de delegar, aspecto bien conocido por las autoridades.
En ese tenor, es una obviedad que se trata de una estratagema de campaña, un distractor con fines electorales auspiciado desde la Presidencia de la República. No encuentro otra explicación, se pretende ahondar en la conciencia colectiva con el objeto de actualizar los excesos sexenales anteriores, para inclinar el voto ciudadano a favor de Morena.
Las campañas políticas en su totalidad contemplan destacar los errores de los adversarios, es parte del juego electoral hacer notar las deficiencias, debilidades y errores del contrincante, lo que es notoriamente antidemocrático y quiebra la equidad en las contiendas es la participación de quienes utilizan su cargo público para desde el poder inclinar la balanza a favor de su partido y sus candidatos.
Lo anterior nos indica en principio que la consulta es completamente innecesaria, vista desde el punto específico de proceder en contra de quienes hayan cometido actos ilícitos, pues, aunque se haya matizado la redacción, en el fondo viene a ser lo mismo, es obligación de la autoridad presentar las denuncias correspondientes en consecuencia, el gasto que representa llevarla a cabo bien puede ahorrarse, que no es cosa menor.
Por otra parte, desde la perspectiva electoral como tema de campaña MORENA está en su derecho de abanderar la causa, lo que es completamente indebido consiste en que desde la trinchera presidencial se pretenda coordinar las campañas políticas en aras de promover a los candidatos de ese instituto político, so pretexto de la consulta.
Cabe mencionar que, si bien es cierto, la figura de la consulta popular es una forma de participación ciudadana que lamentablemente no ha sido utilizada en el país, pese a constituir un acto soberano de alto impacto en naciones democráticas, aquí se corre el riesgo ante la obviedad de la pregunta, de inaugurar un importante ejercicio con una respuesta precaria en las urnas, al conocer de antemano el previsible resultado, amén de su cuestionada constitucionalidad.
En ese sentido, se ahonda el desgaste institucional pues el Instituto Nacional Electoral se verá inmerso en presiones de todo tipo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación severamente cuestionada; los Partidos Políticos rebasados por el Ejecutivo; y el fortalecimiento de la cultura democrática menoscabado por políticas oficiales injerencistas.
