Aguascalientes.- Un abogado originario de la Ciudad de México maneja un grupo de empresas de reciclaje de basura que en la última década ha expandido sus negocios en el país, en especial en municipalidades gobernadas por alcaldes del Partido de Acción Nacional (PAN). Un diputado federal de esa organización no solo fue compañero de estudios del empresario, sino también su socio en una de las compañías.
La operación de las empresas no ha estado exenta de turbulencias, entre otras razones, por controversiales procesos de asignación de contratos públicos, por criticadas condiciones financieras de su modelo de trabajo y por desiguales gestiones ambientales de las plantas instaladas en rellenos sanitarios. Sus intereses lograron abarcar, con distintos resultados, ciudades como Mérida, Cancún, Querétaro y Aguascalientes. En San Miguel de Allende la evidencia lo relaciona con una empresa y en Ciudad de México una de las compañías con las que se le relaciona aspira a recibir un contrato.
Todo se desprende de una investigación realizada en esas localidades con el liderazgo de un equipo de BI Noticias Aguascalientes y apoyo de medios y reporteros locales. La labor se realizó en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y respaldo del International Center for Journalists (ICFJ). Del trabajo se obtuvo una radiografía de la trayectoria del emporio de la basura y el reciclaje del abogado Diego García Coudurier, quien no ha aportado comentarios para el trabajo a pesar de que el equipo de reporteros lo trató de contactar.
Entre sus empresas destacan Tratamiento de Reciclados del Sureste, en la que fue socio de Ricardo Villarreal García, diputado federal del PAN por Guanajuato. El dirigente fue alcalde de San Miguel de Allende entre 2015 y 2018, y compañero de estudios de García Coudurier en la Escuela Libre de Derecho. El político también es hermano de Luis Villarreal García, quien fue jefe de de los diputados del PAN hasta el 2014 en el Congreso Federal. Detentaba ese cargo cuando fue señalado por liderar una red de sobornos que garantizaba la aprobación de recursos públicos a alcaldes y gobernadores a cambio de la contratación de empresarios amigos.
En su momento negó los cargos y hoy Ricardo Villarreal García, consultado para esta investigación, también niega que haya jugado algún papel a favor de García Coudurier en las contrataciones que realizaron algunos compañeros de partido, que estuvieron bajo la coordinación su hermano y se convirtieron luego en alcaldes.
El propio Ricardo Villarreal García, como alcalde de San Miguel de Allende, contrató a una empresa denominada Wink-Tec para realizar reciclaje en el municipio. La firma es manejada por un hombre llamado Felipe Coudurier. Interrogado sobre el punto, el diputado evadió responder si se trata de un pariente de su antiguo socio. Solo se limitó a decir que el proceso de entrega de la contratación fue legal y “ganaron los mejores”. La alcaldía, en el presente manejada por su hermano, no reveló si hay relación entre García Coudurier y Wink-Tec, empresa que no aparece con esa denominación en el registro público de comercio.
El más reciente episodio de polémica involucró en Aguascalientes a otra de las mayores empresas de García Coudurier: Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos Pimsa. La municipalidad, liderada por la panista Teresa Jiménez, confirmó en exclusiva al equipo responsable de la investigación que suspendió un proyecto de construcción de un centro de valorización de residuos sólidos pactado con la firma para el relleno de San Nicolás.
La instalación sanitaria fue casi completamente clausurada hace dos meses por el gobierno del estado en previsión de una contingencia sanitaria debido a fallas en el proceso de disposición de residuos. El relleno empezó a registrar problemas después de que personal de la alcaldía dejó que el personal de Pimsa tuviera injerencia en su manejo. La empresa no pudo iniciar el proyecto de construcción de la planta de reciclaje porque no recibió recursos del ayuntamiento debido a que carecía de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las autoridades de Aguascalientes no explicaron por qué quedó paralizado el trámite del documento.
Pimsa había obtenido un contrato de 15 años luego de ser la única empresa que pudo presentar una oferta en un proceso de licitación para el que las autoridades solo dieron a los concursantes un plazo de 15 días para las inscripciones, lo que generó quejas de competidoras de las empresas de García Coudurier.
BI Noricias y Connectas / Dulce Rodríguez, Sergio Roldán y Clara Diosdado
