México.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, reiteró el rechazo de su bancada a la reforma constitucional de abril de 2019 para ampliar los delitos por lo que se permite la prisión preventiva oficiosa contra presuntos responsables, pues sólo legaliza la violación de Derechos Humanos y enmascara la ineficacia gubernamental para garantizar la seguridad.
En un comunicado, advirtió que dicha reforma constitucional, publicada el 12 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cobra actualidad porque el Congreso de la Unión -en consecuencia, esta Cámara de Diputados- están en vías de reformar diversas leyes, entre ellas el Código Nacional de Procedimientos Penales, para armonizarlas con dicha reforma, pero sin beneficio para la sociedad.
Durante su participación en el Foro “Parlamento Abierto Sobre la Minuta de Armonización Legislativa en Materia de Prisión Preventiva Oficiosa”, organizado por la Comisión de Justicia, exhortó a las y los legisladores a escuchar todas las voces -incluidas las de expertos y organismos nacionales e internacionales-, para no ahondar en el error.
Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la ampliación del catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa, es una regresión en el sistema de Justicia que únicamente conlleva beneficios políticos para sus promotores o quienes están en campaña electoral.
“Sin embargo, también implica el riesgo de llenar las cárceles con presuntos delincuentes que en realidad sean inocentes, lo cual, desde luego, no significa un combate real a la inseguridad”, añadió.
La líder perredista calificó la reforma constitucional del año pasado como una regresión respecto a la de 2008, ya que ésta última garantizaba el respeto a la presunción de inocencia, mientras la de 2019 permite la prisión preventiva oficiosa para presuntos responsables de robo en transporte, desaparición forzada, portación de armas de fuego y explosivos, robo de hidrocarburos, delitos en materia electoral y delitos de corrupción, entre otros.
Consideró que el argumento de que la reforma de 2008 favoreció la “puerta giratoria” a los delincuentes -quienes salen de la cárcel tan pronto ingresan a ella por una puerta semejante-, no es más que la justificación para que las instituciones continúen siendo ineficaces y concederles la armonización de leyes que ahora se pretende sólo perpetuará su inoperancia.
Con información de la Cámara de Diputados
