Francisco Garfias.
El Barón de Montesquieu, creador de la división de poderes, argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo, hasta que encuentra límites.
“Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.
Pero en México la división de poderes volvió a ser letra muerta. Aquí se hace lo que el “pueblo” dice. Y el “pueblo” es López Obrador.
Dos ejemplos recientes ilustran la ausencia de división de poderes en México: la consulta para que se haga un juicio a los ex presidentes, avalada por la Corte, y la eliminación de los fideicomisos, ya aprobada en comisiones de diputados.
El presidente ordenó ambas cosas desde la mañanera. Los poderes Judicial y Legislativo se cuadraron. Estamos sin contrapesos. El poder de AMLO no se ha topado con sus límites.
Los ex presidentes van a reaccionar. No están mancos. Vendrán tiempos difíciles. No sería raro que aparecieran más videos o audios “tipo Pío” que le tumben la aureola a los poderosos de la 4T.
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Estuve atento al Canal Judicial. Presencié las distintas posturas en la sesión virtual de los once ministros de la SCJN.
Me habían adelantado como venía el asunto. Sabía de las presiones que se ejercieron sobre los ministros para apoyar la consulta. Solo lo confirmé.
La votación seis a cinco. El ajuste a la pregunta. Lo publicamos ayer en este espacio.
Un consuelo: la SCJN cambió radicalmente la pregunta que mandó AMLO en su solicitud.
No solo quitó los términos “ex presidentes” o “presunción de delitos”, sino que eliminó los nombres.
Quedo así:
“¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Si a López Obrador no le gusta la pregunta, puede desistir de la consulta.
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El primero –y el que más habló- fue el ministro presidente Arturo Zaldívar. Luego luego dio color. Se puso de rodillas ante el Ejecutivo.
Su intervención es propia de una mañanera.
Va una pequeñísima parte para ilustrar su postura:
“La consulta popular está prevista en nuestra Constitución como un derecho humano de la ciudadanía y, como tal, debemos maximizarlo y darle la interpretación más amplia posible, a fin de hacerlo efectivo.
“El espíritu de la consulta es dar cauce, sin intermediarios, a la opinión ciudadana. Su función primordial es la de detonar un debate que incluya a las voces que normalmente están excluidas de la conversación pública y, con ello, avanzar hacia una democracia participativa…”
¿Dónde he oído eso?
Por cierto que por allí anda la versión de que Zaldívar le debe la presidencia de la SCJN a cabildeos y presiones que hicieron miembros del gabinete –Scherer, Durazo– para que votaran por él.
Allí se las dejo.
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En contra de la consulta se pronunciaron Fernando Franco, Luis M. Aguilar, Jorge Pardo, Norma Piña, Javier Laynez. A todos chapeau. Resistieron hasta el final.
Franco aclaró la postura en contra de los juicios:
“No se pretende, ni por asomo, que queden impunes las conductas delictivas de cualquier persona. Sean o hayan sido funcionarios públicos o particulares.
“Con ese marco de referencia, estimo que la consulta formulada conlleva la violación, y por consiguiente, la restricción de algunos de estos derechos, en particular los que deben ser respetados a toda persona, sin excepción”.
Y Laynez: “Los jueces constitucionales no somos nombrados para tener popularidad… La CNDH tiene que garantizar la Constitución y los derechos humanos, aún en contra de las mayorías”.
Otra que sorprendió por su solidez y franqueza es la ministra Norma Piña:
“Mi responsabilidad es no ceder a más presiones que las que me dicta la Constitución.”
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Un ejemplo de ardor lo da el ex aspirante a la presidencia de Morena, Gibrán Ramírez.
En la encuesta del INE se ubicó en décimo segundo lugar en conocimiento, con 11.9 por ciento. No alcanzó lugar en la encuesta final a la que sólo llegaron cinco candidatos.
Contraste: al que alguna vez Gibrán llamó representante de la “viejocracia” (Porfirio Muñoz Ledo) triplicó –y algo más— su porcentaje: 41.7 por ciento.
A Ramírez le debería de preocupar el desconocimiento que de él tienen sus compañeros, en lugar de inventarse un “fraude electoral”.
FIN.
