Nueva York.- La oficina de la ONU encargada de los derechos humanos registró en tres meses 711 muertes resultantes de operativos de seguridad. La Alta Comisionada llama una vez más a levantar las sanciones económicas en Venezuela, diciendo que pueden “obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”.
En los últimos tres meses y en el contexto del estado de alarma instaurado el pasado mes de marzo en Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguió documentando casos de represión de las protestas pacíficas y de trabas a la libertad de expresión en el país.
Durante una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de las garantías fundamentales en la nación sudamericana, Michelle Bachelet destacó que desde el inicio de julio hasta la fecha se produjeron detenciones de manifestantes que protestaban por los bajos salarios o las pensiones, las carencias de los servicios públicos o la falta de gasolina.
“Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos”, explicó.
Entre las restricciones a la libertad de expresión mencionó “la aplicación de la legislación en contra del odio”, ataques contra los defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
La Alta Comisionada mostró su preocupación por el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad.
“Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020”, dijo.
Por ello, consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en el Estado de Zulia el pasado 21 de agosto.
Con información de la ONU
