José C. Serrano.
El pasado lunes 14 de septiembre, durante una reunión en Palacio Nacional con los familiares de los trabajadores que fallecieron por la explosión en la mina Pasta de Conchos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a iniciar a la brevedad las labores para el rescate de los 65 cuerpos, o lo que quede de ellos.
En la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el contexto de la firma entre la titular de dicha secretaría, Luisa María Alcalde Luján, morena por los cuatro costados desde hace nueve años, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, maestro del chapulineo de alto rendimiento, se detalló que el documento es un expediente único con toda la información sobre el “accidente”, proporcionada por distintas dependencias y la empresa minera Grupo México.
A la firma del documento acudieron, además, Flor de María Harp Iturribarría, directora general del Servicio Geológico Mexicano (SGM), y Alejandro Salafranca Vázquez, secretario Técnico del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos (CRJPC).
Con antelación a este acto protocolario, en Palacio Nacional se acordó empezar de inmediato el proceso de reparación integral individual y colectiva para los familiares de las víctimas, que representa el pago de indemnizaciones antes de que concluya el presente año (es un decir; los familiares de personas desaparecidas en México pueden dar fe de ello).
La historia del desastre minero de Pasta de Conchos viene de lejos. La desgracia ocurrió aproximadamente a las 2:30 horas del 19 de febrero de 2006, donde colapsaron varios túneles en la mina de carbón, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila.
La mina era operada por el Grupo México, la compañía minera más grande del país. Las víctimas de la tragedia fueron 65 mineros que laboraban en el turno de las 22:00 a las 6:00 horas. Todos quedaron atrapados por esa descomunal explosión.
Con anterioridad, y en repetidas ocasiones, los mineros se habían quejado de una alta concentración de gas metano en la mina, muy por encima de los estándares legales para poder trabajar. En el escenario, tras la mortífera explosión, hacen acto de presencia Germán Larrea Mota-Velasco, el empresario, y Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila. Ambos emitieron declaraciones contradictorias sobre los hechos ocurridos en el lugar.
El desastre tuvo lugar durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada. En esa etapa de la docena trágica, el ranchero guanajuatense nombró a Francisco Javier Salazar Sáenz como titular de la STPS, el 3 de junio de 2005.
Salazar Sáenz cayó parado en el Kínder Montessori dirigido por Vicente Fox y Marta Sahagún (o al revés, si se prefiere). Sin una investigación concluyente, el 13 de marzo de 2006, el funcionario, sin la presencia de familiares de los 65 muertos en Pasta de Conchos ni de representantes del sindicato minero, pero eso sí, acompañado de una amplia comitiva de empleados federales, deslindó de la responsabilidad al Grupo México.
A pesar de no haber una investigación concluyente ni responsabilidades formalmente deslindadas en la explosión de la mina, el titular de la STPS fue tajante al rechazar que el siniestro pudiera calificarse como “homicidio industrial”, según advirtieron algunos expertos, de acuerdo con parámetros internacionales, y también fue enfático al negar que directivos del Grupo México, específicamente Germán Larrea Mota-Velasco, estuvieran siendo investigados.
A sus 33 años, Luisa María Alcalde Luján, con una licenciatura en Derecho cursada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una maestría en la misma ciencia, que concluyó en la Universidad de California en Berkeley, le espera una larga y desgastante contienda contra uno de los hombres más poderosos de este país: Germán Larrea Mota-Velasco, quien aparece como deudor de antiguas cuentas por saldar.
