Jorge Miguel Ramírez Pérez.
La basura de encuestas por encargo, que inundan los medios, publicitando falsedades es una de las características políticas de nuestro sistema plagado de apariencias de democracia participativa. Los gobernadores que difunden a conveniencia estos datos, lo hacen como una forma rudimentaria por demostrar una popularidad que solo existe en su cabeza y en los montos de las facturas de las encuestadoras propagandísticas, que las cobran como si fueran verdad.
Por eso, es verdaderamente un hallazgo sobresaliente el documento que inusitadamente a nivel subnacional, publica el equipo de investigación de World Justice Project un think tank especializado en medir con profesionalismo y seriedad el grado de apego al Estado de Derecho, de los países; y en el caso de México, la publicación del “Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020” muestra un análisis de las 32 entidades federativas, que pone en claro la verdadera condición de la gobernabilidad de los estados, sus fortalezas y debilidades, avances y retrocesos.
Las mejores calificaciones globales de este reporte fueron para Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43); mientras que los estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35).
En las entidades mencionadas poco explica el origen partidista de los gobernadores, aunque Yucatán y Aguscalientes tienen tiempo con gobernadores panistas, pero a la vez habría también que señalar que Puebla, entre las mas cuestionadas, venía de un pasado inmediato de ese partido, y Quintana Roo de experiencias plurales.
La percepción en Yucatán y Aguscalientes refleja sobre todo estabilidad política y derivada de ello, las demás condicionantes parece que se amoldan sobre esa base que expresa la firmeza de piso para que los ciudadanos transiten con libertad y un orden básico, que no todos los gobernadores se empeñan en mantenerla.
Pero la estabilidad política implica una participación civil real y sobre todo el escrupuloso cuidado de las reglas que dan forma al Estado de Derecho de parte de todas las autoridades, no solo de las estatales, sino de las representaciones federales y de las municipales; que en el caso de Aguscalientes, la alcaldesa de la capital, Tere Jiménez no parece compartir; porque sin venir al caso y a la secuencia de la trama, salió promoviendo su imagen en tiempos electorales en la película de Netflix “Se busca Papá”.
Ya otras veces la política panista había sido señalada de usar medios públicos con fines electorales, aunque la lucha por la gubernatura será hasta el 2022, vale la pena que el respeto a las reglas que tanto trabajo cuesta mantener, no decaiga por frivolidades que expresan distracción de recursos del municipio.
El reporte del World Justice Project (WJP) por eso ayuda a concretar los retos de la gobernabilidad y no solamente a imaginarlos o a ocultarlos bajo el argumento de popularidades de cartón.
En términos generales los índices de orden y seguridad, que mide la efectividad del Estado por garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades en el periódo de 2019 al 2020, descendieron en 19 estados, lo que contradice las “popularidades” falseadas que tanto se difunden.
De los ocho factores que se miden ninguno sale sobrando, son asuntos relevantes. Vea usted estimado lector, en la puntuación del Factor 1, Límites al Poder Gubernamental, que mide los contrapesos que limitan el actuar de los gobiernos estatales, resultó mejor calificado Nuevo León, hipotéticamente mas equilibrado por provenir de un esquema independiente. El peor sin duda Veracruz, que tiene sometido a los poderes judicial, legislativo y el reporte ratifica que no hay margen de expresión ciudadana. El improvisado gobernador en manos de un arbitrario secretario de Gobierno de origen sudabajacaliforniano, no tienen respeto por las leyes orgánicas.
En el Factor 2, el de los procesos para erradicar la Corrupción, el que tiene las mejores calificaciones es Querétaro. La corrupción a gran escala en los ejecutivos estatales sigue siendo una de las áreas de mayor preocupación. El peor calificado con mucho, es el Gobierno de la Ciudad de México, lo que demuestra que en ese tema la señora Sheinbaum ha trabajado muy poco. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la capital de la República son los más corrupto del país.
Contrasta el gobierno de la Ciudad de México, en el Factor 3, de Gobierrno Abierto, y Querétaro es la entidad más rezagada. Resulta interesante esta correlación inversa con el Factor del Combate a la Corrupción.
En el Factor relativo a Derechos Fundamentales, están atrás Guerrero, Puebla y Veracruz y encabezan Baja california, Nuevo León y Yucatán. De hecho, Veracruz es donde se practica la mayor vulneración a la libertad de expresión, lo que es muy cierto y evidente por los homicidios y agresiones a periodistas en esa entidad.
En el Factor 5 el de Orden y Seguridad, Yucatán rebasa notablemente a todas las entidades; y atrás, muy atrás de todas, están Morelos y Baja California.¡Elocuente, Morelos está patas arriba por el lado que se le busque!
En el Factor 6, Querétaro está en primer lugar de cumplimiento regulatorio, y Tabasco en el último lugar. En este rubro la mejor defensa de los derechos de propiedad se ubica en Chihuahua y la peor aunque no parezca, es Puebla.
El factor 7 de Justicia Civil, encabeza Guanajuato y en la cola está Guerrero.
Y en el Factor 8 de Justicia Penal al frente está Querétaro y en los peores sitios: la Ciudad de México, Guerrero y Puebla.
Hay que advertir que ninguna entidad logró la puntuación de 1, que es la de máxima adhesión al Estado de Derecho, los mejores: Yucatán y Aguascalientes no llegaron a la mitad de la calificación perfecta.
Estos números expresan la realidad de la gobernabilidad mediante el uso de métodos que han sido probados en estudios globales de la pertinencia del Estado de Derecho en el mundo.
Los gobernadores tienen la palabra, para afinar sus tareas no hay nada más que decir, hay mucho por hacer.
