Rubén Cortés.
Juicio a la carta del ex director de Pemex, el ciudadano alertador de la Secretaría de la Función Pública, los enviados de Hacienda a fotografiar el interior de las viviendas… se oficializa en México la acusación masiva y facilona.
La más reciente entrega de los avances de esta práctica que usa a personas que creen hacer un bien social, pero en la realidad se convierten en delatores, halcones, soplones, aparece en el Paquete Presupuestario 2021:
Las autoridades hacendarias podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal.
Estos “visitadores fiscales” tomarán fotografías de bienes y activos de un domicilio fiscal, lo cual indudablemente limita la intimidad y privacidad de las personas, con el ardid de combatir la corrupción.
Es otra vuelta de tuerca a la vigilancia masiva bajo la que vivimos mansamente, pues ya existe una medida gubernamental según la cual basta un soplo anónimo por internet para ir a prisión preventiva oficiosa.
Es el ejército de “ciudadanos alertadores de corrupción” que implementó la SFP: algo conocido en otros países como “soplón anticorrupción” o “ciudadano informante”, con recompensas monetarias.
La idea puede tener buena intención, pero en realidad crea delatores, como las figuras del testigo protegido o “criterio de oportunidad”, pues son declaraciones interesadas que cambian según los ofrecimientos de la autoridad.
Por ejemplo, Lozoya es rehén de quienes le prometieron libertad o reducción de cárcel. Sus denuncias contra quienes le indiquen no garantizan verdad jurídica, ni imparcialidad de la justicia porque son declaraciones interesadas.
Igual sucede con el “alertador de corrupción”, que puede denunciar a vecinos y compañeros de trabajo por soborno, cohecho y otras prácticas ilícitas para “democratizar el control del gobierno”.
Pero lo que debe hacer el gobierno, en lugar de “visitadores fiscales” y “alertadores ciudadanos”, es procurar una justicia que elimine la impunidad y la cacería de brujas contra adversarios, con jueces y policías mejor preparados.
Con un verdadero Estado de Derecho e instituciones fuertes no hacen falta en un país “visitadores fiscales”, “ciudadanos alertadores” ni “criterios de oportunidad”, figuras que en verdad crean un ambiente de miedo.
Como la Ley de Extinción de Dominio, de acuerdo con la cual el gobierno puede “disponer de forma anticipada” de bienes y cuentas bancarias y efectivo incautados a quienes solamente se acuse de corrupción, sin que sean culpables.
Basta la acusación del MP para decidir el destino de las posesiones de los señalados. Después de la sentencia, a favor o en contra, los bienes habrán sido repartidos según lo que haya dispuesto el gobierno.
Para regirse aún por el sistema democrático de gobierno, la verdad es que México es gobernado con un autoritarismo notable.
